¿Hasta que punto ha calculado Emmanuel Macron el pulso social y político ante la adopción por decreto de una reforma tan impopular como la de las pensiones? El canto de la Marsellesa a pleno pulmón por una parte de los diputados de la Asamblea Nacional y los abucheos a la primera ministra Élisabeth Borne tras la aprobación de ese proyecto de ley eran la antesala de horas frenéticas que desembocarán en mociones de censura contra el Gobierno francés. La controvertida reforma -que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años- no fue sometida el jueves a la votación del Parlamento. El Ejecutivo decidió saltársela ante la certeza de que no saldría adelante.

Para ello, se aplicó el artículo 49.3 de la Constitución, que permite dar luz verde a una ley sin la votación de los diputados. Pero también abre la puerta a que la oposición pueda presentar mociones de censura que, en caso de prosperar, provocarían la caída del Gobierno y también la invalidación de la propia reforma.

La oposición al presidente Macron ha tenido 24 horas (hasta las 15:30 de este viernes) para formalizar la presentación de mociones de censura. Y, después, en un plazo de otras 48 horas deberán llevarse a cago las votaciones. Por ello, el lunes será un día clave.

La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, fue la primera en anunciar (lo hizo el mismo jueves) que su partido, la Agrupación Nacional (RN), presentaría su propia moción de censura. También aseguró que apoyaría cualquier otra iniciativa en este sentido que permita la caída del Ejecutivo.

Este viernes, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), anunciaba que su partido renuncia a su propia moción y que respaldará la anunciada por un grupo de una veintena de diputados regionalistas y centristas, el grupo parlamentario LIOT (Libertad, Independientes, Ultramar y Territorios). Mélenchon ha explicado que con esta estrategia espera que el colapso del Ejecutivo tenga más posibilidades y ha insistido en que el objetivo final es tumbar la polémica reforma de las pensiones; un texto que, ha afirmado, "no tiene ninguna legitimidad parlamentaria".

También este viernes, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha reiterado que -tal y como había anunciado Le Pen- el partido apoyará otras mociones como la de LIOT. En declaraciones en France Info, ha insistido en que la primera ministra Borne "se tiene que ir".

Por otra parte, el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, se ha preguntado en LCI "cuál es la alternativa" al proyecto actual en caso de que prospere alguna de estas mociones y ha acusado al izquierdista Mélenchon de buscar "la crisis permanente".

La Asamblea Nacional está formada por 577 diputados y para que la moción de censura salga adelante se necesita el respaldo de 289 parlamentarios. Esto significa que no bastaría la suma de votos de la coalición de izquierda encabezada por Mélenchon (NUPES), los de la extrema derecha de Le Pen (89) y los regionalistas de LIOT.

Para que una moción salga adelante debería atraer también votos de algunos diputados de la derecha tradicional, Los Republicanos. Para ello, esos parlamentarios tendrían que desvincularse de la posición oficial. Ante esa posibilidad, hay posturas opuestas. El presidente del partido conservador, Eric Ciotti, afirmaba que los diputados de la formación "no votarán ninguna moción de censura"; pero el parlamentario Aurélien Pradié aseguraba que "todas las hipótesis son posibles", según BFM.

El otro frente se juega en las calles. Los medios franceses destacan el temor a una explosión social y a que las protestas se radicalicen. Más de 300 personas fueron detenidas tras enfrentamientos entre policías y manifestantes el jueves.

Los principales sindicatos ya han convocado para el próximo jueves una nueva jornada de manifestaciones y paros.

Pese a todo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet ha asegurado a la radio Europe 1 que "no estamos ante una crisis política" y que "la democracia ha cumplido plenamente su papel".

El presidente Macron ha calificado siempre la reforma de "esencial" debido a los déficits previstos para el sistema de pensiones de Francia durante los próximos 25 años, según un análisis del Consejo Asesor de Pensiones independiente. Pero su reforma es rechazada ampliamente entre la ciudadanía, según todas las encuestas.

La iniciativa del Gobierno retrasa dos años la edad de jubilación (de los 62 a los 64 años), extiende el periodo de cotización para obtener la pensión completa (adelantando a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrarla) y acaba con la mayoría de regímenes especiales actuales. Macron defiende que los franceses ya sabían que esa era uno de sus propuestas clave cuando le reeligieron como presidente el pasado abril. Durante su primer mandato, ya intentó sacar adelante la reforma, pero tuvo que posponer el intento por la pandemia de coronavirus.