Como si se tratase de un spot publicitario, El Salvador ha realizado nuevamente el traslado de pandilleros a su cárcel de máxima seguridad, el segundo movimiento de reclusos en menos de un mes. En esta nueva operación, según ha confirmado este miércoles el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fueron traslados otros 2.000 pandilleros a esa cárcel de máxima seguridad, la cual el mandatario ha definido como "la más grande de América".

"Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)", publicó el mandatario en Twitter y agregó que "ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo". Esta prisión está capacitada para albergar hasta 40.000 personas, prometiendo ser una de las más seguras de las que "sería imposible que salga un reo" del recinto de 23 hectáreas.

El primer movimiento de reclusos se llevó a cabo a finales de febrero. Desde entonces, familiares de detenidos comenzaron a movilizarse en las inmediaciones de las prisiones. Las críticas tampoco tardaron en salir. La oposición al Gobierno de Nayib Bukele comenzó a cuestionar la falta de transparencia en su construcción, incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló al centro de Confinamiento del Terrorismo como un "campo de concentración", señaló el mandatario colombiano en su cuenta de Twitter.

Los presos son trasladados al recinto semidesnudos, encadenados de pies y manos, se les rapa el pelo y tienen que estar mirando constantemente al suelo, así es como El Salvador quieren que se vea a sus recursos, como se puede apreciar en el vídeo difundido por el presidente del país en Twitter. Pero más allá de estas vejaciones, múltiples organismo internacionales denuncian que, gracias a la política para acabar con la delincuencia en El Salvador, los presos están sometidos a torturas, detenciones arbitrarias, falta de garantías e incluso muertes bajo custodia.

Desde Amnistía Internacional (AI) también han señalado su "profunda preocupación" con esta nueva cárcel en El Salvador, afirmando que "la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos". Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han indicado que han recibido más de 7.900 denuncias por atropellos provocados, mayormente, por las detenciones arbitrarias.

A pesar de las críticas internacionales por la vulneración de derechos humanos, Bukele ha señalado que ha conseguido reducir los homicidios alrededor de un 60 por ciento en un año. Según declaran los informes policiales, desde que se aprobó el plan de excepción en marzo del pasado año por un aumento de los asesinatos, se han detenido a más de 65.000 personas en El Salvador, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300 personas.

Del mismo modo, el presidente salvadoreño cuenta con el apoyo de la ciudadanía en un 91 %, según se señala en una encuesta realizada recientemente por la Unidad de Investigación del periódico La Prensa Gráfica.