El español Pablo Ibar, tras pasar casi 20 años en el llamado corredor de la muerte, sigue intentando demostrar su inocencia. Su defensa insiste en que sigue sin haber “pruebas sólidas” para mantener la cadena perpetua a la que fue condenado y, de hecho, ha pedido en una nueva vista de apelación revisar la actual pena y celebrar un nuevo juicio.

El sobrino del mítico boxeador vasco José Manuel Ibar 'Urtain’ no pierde la esperanza. En 2019 se libró de la pena capital y fue condenado tras tres juicios a cadena perpetua por un triple asesinato en 1994, crimen que él siempre negó. Ahora, espoleado por sus abogados, confía en que tenga un nuevo juicio.

Su defensa insiste en que las pruebas no son sólidas para mantener la cadena perpetua y, en esta línea, el letrado Joe Nascimento ha defendido que se quebró la cadena de custodia en la prueba de ADN que supuestamente involucra a Ibar y que el principal testigo de la acusación fue "influenciado" por la Policía.

Por videoconferencia ante el Tribunal de West Palm Beach de Florida, en la vista el abogado de Ibar puso en cuestión el valor de esas pruebas que se utilizaron en el último juicio en el que el preso de origen español fue condenado, solicitando por ello a los tres magistrados que conforman la Sala la anulación de la sentencia que desde 2019 recae sobre él y la celebración de un nuevo juicio “con todas las garantías legales”.

Por contra, la Fiscalía se ha opuesto a la petición de la defensa y ha solicitado la confirmación de la sentencia, según ha informado la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo en un comunicado del que se hace eco Europa Press.

Para esta nueva petición de anulación de la sentencia, la defensa de Ibar se ha sustentado en 12 motivos, entre los que ha destacado las irregularidades que se cometieron durante el proceso, así como las decisiones de "absoluta parcialidad" en las que incurrió el juez Dennis Bailey, quien dirigió la vista.

Entre estos doce motivos expuestos, el letrado ha cuestionado la existencia de una "minúscula" muestra de ADN perteneciente a Pablo Ibar en una camiseta que fue hallada en el escenario de los hechos y que era portada por uno de los autores del delito y que Fiscalía incorporó "de manera inesperada" antes del inicio del último juicio. Hasta ese instante, ha precisado Nascimento, todos los análisis efectuados habían dado negativo respecto a restos vinculados a Ibar.

En la misma línea, ha indicado que la cadena de custodia fue "muy defectuosa" y que el laboratorio de análisis había recibido la camiseta en una bolsa con el precinto parcialmente abierto.

Más allá, ha puesto en duda la veracidad del testimonio de un residente de la zona donde se perpetraron los delitos, llamado Gary Foy, que resultó clave para la Fiscalía tras manifestar que vio a Ibar sentando en el asiento del copiloto del coche de la marca Mercedes de Casimir Sucharski.

Además, el letrado ha incidido en que los agentes de policía fueron los que condujeron al testigo a una "probabilidad sustancial de identificación errónea" mediante una fotografía, por lo que ha considerado que se trata de una prueba "nada fiable".

Continuando con esta defensa, Nascimento se ha referido también a la actuación del magistrado Dennis Bailey, que dirigió el último juicio en Broward County, y al que acusa de "abusar de su discrecionalidad", criticando al juez por apartar del jurado a uno de sus miembros, que denunció haber sufrido presiones por parte de sus compañeros, un hecho que lo hizo público en las redes sociales. "Debería al menos haber indagado si hubo abuso o presión real o si meramente se trataba de las vehemencias normales en la discusión en un jurado", ha afirmado.

Por su parte, la representante de la Fiscalía, Deborah Koenig, tomando el turno de palabra, ha subrayado que el proceso judicial se ajustó "en todo momento" a la legalidad.

En este sentido, ha argumentado que en el caso del jurado expulsado, el juez había tomado la decisión correcta y que los tribunales no deben intervenir en lo que son las discusiones internas de un jurado.

Después de esta vista de apelación se abre un periodo de deliberación entre los miembros del tribunal. Una fase que se puede prolongar varios meses e incluso no se descarta que el fallo tarde en conocerse un año. En el caso de que la apelación no prospere en esta instancia, la defensa acudirá al Tribunal Supremo de Florida.

Mientras, Ibar, trasladado recientemente desde el centro penitenciario de Okeechobee (Florida), donde permanecía desde que le fue conmutada la pena de muerte por la de perpetua, a otra instalación privada, en la que desarrolla diversas actividades y ha iniciado un curso de soldador, se aferra a la idea de un nuevo juicio.

Insistiendo desde el principio en su inocencia, fue  declarado culpable del triple crimen que en junio de 1994 acabó con las vidas de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno y propietario del chalet donde se perpetraron los delitos, y de las jóvenes Sharon Anderson y Marie Rogers.

Los tres fueron asesinados por dos individuos que irrumpieron en la vivienda. La secuencia de los hechos fue grabada por una cámara de vídeo situada en el salón de la casa, que, en un momento determinado, capta el rostro de un joven con rasgos latinos que la Policía identificó con Pablo Ibar. Sin embargo, en el último juicio celebrado en 2018-2019 quedó acreditado, incluso por peritos de la acusación, que este vídeo no tenía la calidad de imagen suficiente para realizar ninguna identificación.