La huelga de hambre del preso anarquista Alfredo Cospito abre un conflicto mediático y político en Italia
La huelga de hambre del preso anarquista Alfredo Cospito provoca un conflicto político y social en Italia
El terrorista se encuentra bajo el duro régimen penitenciario 41bis, empleado para los capos de la mafia
El Ejecutivo asegura que no llegará a acuerdos con quien emplea la amenaza como instrumento de lucha
En Italia, la huelga de hambre de más de cien días de un terrorista anarquista, Alfredo Cospito, sometido a un duro régimen penitenciario, el 41bis, que se aplica habitualmente a los capos de la mafia, como al recientemente detenido Matteo Messina Denaro, está derivando en un encendido debate político que se ha trasladado también a las calles en modo de disturbios.
Este mismo domingo, la ultraderechista primera ministra italiana, Georgia Meloni, se ha visto obligada a intervenir a través de una carta publicada en el diario 'Il Corriere della Sera'. Y el Gobierno conservador de Roma afirma que no va a ceder al chantaje. "Confirmamos nuestra voluntad de no llegar a acuerdos con quien usa la amenaza como instrumento de lucha política", ha dicho un contundente Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores del país transalpino.
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Seguridad reforzada durante 22 horas diarias
Este régimen de cárcel duro, instituido en 1986, se aprobó en la forma actual en 1992 para extremar la lucha contra la mafia después de los atentados que acabaron con la vida de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.
El objetivo era cortar al máximo las comunicaciones de los presos con el exterior: viven en una prisión con seguridad reforzada durante 22 horas al día, solo pueden salir a un patio interior durante dos horas, que coinciden con el único momento de contacto con otros condenados. Además, las visitas de familiares se reducen a una al mes, están grabadas y se realizan en locales donde la interlocución se desarrolla a través de una pared de vidrio.
En su momento, el régimen especial se pensó como una medida de emergencia, pero treinta años después son muchas las voces que apelan a una reformulación, aunque también es mucha la tensión para que se mantenga como una herramienta de presión y contraste en la lucha a la mafia.
Las asociaciones de defensa de derechos de los presos llevan años señalando que, en una gran parte de casos, la aplicación del citado régimen carcelario significa un ensañamiento institucional.
La mayoría de los 728 reos sometidos actualmente al 41bis lo está por delitos mafiosos.