En una carta dirigida al ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, la comisaria por los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, invitaba hace unos días al Gobierno a retirar su decreto en materia de migración o, al menos, revisarlo. Justificaba que lo que establece la norma del Ejecutivo italiano podría obstaculizar las operaciones de rescate de las ONG y entrar en contradicción con las obligaciones de Italia en cuanto al derecho internacional. "El decreto y la práctica de asignar puertos distantes para el desembarco de personas rescatadas en el mar pueden privar a otras personas del socorro por parte de las ONG en la ruta migratoria más mortífera del Mediterráneo", escribía Mijatovic.

Esta carta responde a una nota precedente del propio Consejo de Europa que ya alertaba a Italia de su responsabilidad de colaborar con los actores involucrados, entre ellos las propias ONG. Estas dos advertencias no son, sin embargo, vinculantes. Solo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que depende del Consejo de Europa, dicta sentencias que luego deben cumplir quienes se adhieran al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Aún así, el Gobierno no ha cambiado ruta. La respuesta del Ministerio de Interior del país transalpino, el Viminale, no tardó en llegar justificando que la asignación de puertos seguros en la parte norte y central de Italia, para las ONG que han rescatado migrantes, está determinada por la necesidad de una distribución entre las diferentes regiones, no tanto de los migrantes, sino también de “los trabajos organizativos y logísticos vinculados a la gestión de los desembarcos”. En la práctica lo que el Gobierno ha intentado con este decreto es una vía diversa a la del cierre de los puertos, como hizo Salvini en 2018, y que supondría un enfrentamiento directo con Europa y no cumpliría los tratados internacionales, pero marcando, de todas formas, una línea propia en política migratoria.

La norma del gobierno de Meloni, querido especialmente por el ministro Piantedosi, ex colaborador estrecho del propio Matteo Salvini, describe un "código de conducta" para los barcos de las ONG: detener el transbordo de náufragos (es decir, cuando un barco más pequeño lleva a cabo un rescate y luego transfiere a los náufragos a un barco más grande para continuar operando otros rescates) y obstáculos directos a rescates múltiples. Existe, así, la obligación de pedir puerto seguro a Italia inmediatamente después de haber realizado el primer salvamento. Puerto, al que se debe "llegar sin demora para la finalización de la operación de rescate". Además se establece un sistema administrativo de sanciones con multas de 10.000 a 50.000 euros (para el capitán y el armador). También se prevé la posibilidad de confiscar de la embarcación hasta dos meses. 

Una decisión que suscita siempre más interrogantes, dentro y fuera de Italia. El hecho de que el Gobierno indique puertos tan lejanos, ha reducido el número de ONG que consiguen rescatar en el Mediterráneo y el tiempo que pueden pasar en la parte del mar donde hay naufragios. “Es una estrategia sobre todo contradictoria. Ellos piden el desembarco inmediato, pero después, al determinar un puerto seguro en la otra punta del país, se retrasa mucho la llegada a tierra. Esto hace pensar que detrás de este decreto hay una intención punitiva por parte del Gobierno. Esta normativa, por ejemplo, aumenta mucho los gastos de combustible de las propias naves y las expone a condiciones meteorológicas poco favorables en invierno”, explica para NIUS Eleonora Camilli, periodista italiana experta en temas migratorios. 

No obstante los primeros dos meses de puertos lejanos ya hayan mermado la flota humanitaria, los desembarcos continúan inevitablemente a aumentar. Desde hace siete años no subía tanto en el mes de enero el número de personas que llegaban a través de la ruta mediterránea. Han sido 4.959 migrantes rescatados en enero, el 65% más que el año pasado, las pocas ONG que aguantan los costes que genera este código de actuación han salvado en este período solo a 442 personas de esa cifra total, solo el 9%. El resto de migrantes son salvados por la Guardia Costera italiana, que rescata en este momento 4 de cada 5 personas que llegan a Italia. De la ley de socorro marítima no puede escapar tampoco la Guardia Costera, pero, se pregunta Camilli “¿por qué no son enviados ellos a otros puntos de la costa italiana, más al norte?

El ejemplo de la Geo Barents

Los menores no acompañados salvados hace días en el Mediterráneo por la Geo Barents, el barco fletado por Médicos Sin Fronteras, fueron destinados al puerto de La Spezia, una de las regiones más al norte de Italia, en Liguria. En un viaje que duró varios días y que atravesaba el mar de toda Italia, unos 1235 km. Al llegar allí, una treintena, de los 84 menores no acompañados, fueron destinados de nuevo al sur, en autobús, otros 760 km para aterrizar finalmente en una estructura de acogida de Apulia. En definitiva, el puerto de La Spezia no tenía preparados los medios para la acogida de todos ellos a pesar de que fue la opción de desembarco del Gobierno. Además, fue la primera vez que una nave, en su camino al puerto asignado, se paró a rescatar otras dos embarcaciones, desobedeciendo la norma. Aunque se esperaban represalias, no fue así. Lo cual genera aún más desconcierto sobre la cuestión.

Aún así, Giorgia Meloni quiere evitar a toda costa un enfrentamiento con Europa, esa ha sido la línea de su mandato en estos poco más de cien días de Gobierno. Ahora tendrá que rendir cuentas sobre un decreto que lleva dos meses en funcionamiento. “Su estrategia está más centrada en estar dentro de las normas y, sobre todo, con firma de los acuerdos con la guardia costera líbica para que hagan volver a los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo. Ahí es donde está su interés”, finaliza Camilli.