{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Algunos de los combates más encarnizados entre militares y antigolpistas que se sucedieron el año pasado en Myanmar, antigua Birmania, ocurrieron en Sagaing, al noroeste del país. Aldeas enteras quedaron calcinadas y, según relatan los grupos que luchan contra la junta -en el Gobierno tras el golpe de Estado de febrero de 2021-, era habitual ver cadáveres en las calles. Hubo un episodio en septiembre que fue condenado con especial énfasis por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Sucedió en un colegio, cuando el ataque del Ejército acabó con la vida de más de una decena de niños. Tras la condena internacional, los militares alegaron que los rebeldes usaron el centro para esconderse y a los alumnos como escudos humanos; la versión opuesta anota el incidente en el cuaderno de atrocidades que la junta está cometiendo contra los civiles en el país del sudeste asiático. Entre el fuego cruzado de acusaciones vertidas por ambos bandos hay un detalle que se ha confirmado esta semana: los casquillos de los proyectiles de artillería militar que se encontraron entre los escombros han sido producidos con materias primas de países miembros de la ONU.
Las conclusiones de un informe independiente elaborado por altos ex funcionarios de la ONU sostienen que al menos 13 países están suministrando materias primas al Ejército de Myanmar para que fabrique una amplia gama de armas que no utilizan para proteger sus fronteras, sino contra su propio pueblo. El Consejo Asesor Especial de Myanmar esgrime en su reporte que países como Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania o India siguen vendiendo armas o propiciando la fabricación de las mismas a pesar de las sanciones impuestas tras el golpe de Estado que mantiene en el poder a la junta militar y encarcelada a la presidenta y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que cumple una condena de 33 años.
“El Ejército de Myanmar ha recurrido a un arsenal de armas para llevar a cabo ejecuciones sumarias, masacres y otras atrocidades contra los derechos humanos en respuesta a las protestas pacíficas y a la creciente resistencia armada antigolpista”, reza el informe. “Desde finales de la década de 1950, y en particular desde 1988, el Ejército ha invertido mucho en reforzar su capacidad nacional de producción de armas”.
Uno de los objetivos de la nación, sumida en el hermetismo siempre que los militares han estado en el Gobierno, ha sido la de ser autosuficiente en muchos aspectos, incluido el sector armamentístico. Sin embargo, a pesar de contar con numerosas fábricas de producción de armas -conocidas como factorías de la muerte-, aún depende de la importación para la producción de rifles para francotiradores, fusiles semiautomáticos, ametralladoras y munición. “El análisis de las imágenes de las armas utilizadas por los soldados y la Policía de Myanmar, controlada por los militares, muestra que gran parte de la munición de armas ligeras utilizada contra manifestantes pacíficos en 2021 lleva el sello de la Dirección de Industrias de Defensa (DDI) del Ejército y de la Dirección de Industrias de Defensa (DDI), lo que confirma su fabricación local”, sostienen Yanghee Lee, ex relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Myanmar, Chris Sidoti y Marzuki Darusman, ambos son miembros de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Myanmar, y todos ellos autores del informe.
“Sin embargo, a pesar de su sólida capacidad de producción, la DDI sigue dependiendo de los suministros internacionales, que incluyen una variedad de materias primas, piezas, componentes y artículos finales, así como maquinaria y tecnología para la producción sostenida -tanto autorizada como no autorizada- de las armas de la DDI”.
Según aparece en este recién publicado informe, la junta de Myanmar ha tenido vínculos comerciales para extender su arsenal con compañías de Italia, Alemania, Singapur, Israel, Corea del Sur, Corea del Norte, China y Ucrania. Éstas han servido para montar plantas completas de producción de armas, para surtir apoyo directo de ingenieros para desarrollar tecnología, formación de personal y demás contratos comerciales en los que a cambio se ha llegado a recibir petróleo y gas proveniente de Myanmar. En la publicación se da especial énfasis a empresas chinas y su apoyo para la creación y el funcionamiento de plantas siderúrgicas y minas de cobre empresas domiciliadas en India y China. India es clave para la producción de miras ópticas que se usan rifles. Compañías de Austria (una empresa desarrolla cañones de armas), Alemania, Rusia, Francia, Israel, Japón y EE.UU. aportan programas informáticos y maquinaria esencial. Singapur y Taiwán sirven como puntos de tránsito para volúmenes elevados de material. Taipéi también sirve de base para el mantenimiento de la maquinaria. Según el informe, las empresas involucradas y los países donde tienen su domicilio fiscal son cómplices de las prácticas contra los derechos humanos que se suceden en Myanmar.
La investigación se ha realizado gracias a documentos militares filtrados, a entrevistas realizadas a antiguos soldados y a imágenes por satélite que se han tomado de las fábricas. La BBC ha confirmado que algunas fotografías tomadas en 2017 demuestran que las armas de fabricación nacional se utilizaban antes del golpe de Estado ya que se ve a soldados portando rifles fabricados en Myanmar durante la masacre de Inn Din, en la que las tropas mataron a 10 hombres de etnia rohingya que iban desarmados.
Las sanciones impuestas sobre el Ejército de Myanmar durante décadas no han servido para frenar su producción de armas, al menos así lo detalla a BBC, Chris Sidoti, uno de los autores del informe, quien confirma que desde 1988 hasta la actualidad se ha pasado de seis a 25 fábricas de armas dentro del país. “Las sanciones internacionales han sido muy irregulares. No ha habido sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino sólo por Estados individuales o grupos de Estados. Así que a muchas empresas les ha resultado relativamente fácil evitarlas, recurriendo a otras empresas de países que no imponen sanciones o tratando con intermediarios locales de Myanmar”, afirma.
El informe señala al general en jefe de la junta y máximo mandatario del país, Min Aung Hlaing, así como a la cúpula militar como los responsables de violaciones de los derechos humanos y destacan que “deben rendir cuentas”. Sin embargo, también urgen a empresas vinculadas con la fabricación de armas en Myanmar y a sus países a que tomen otras medidas que no continúen causando víctimas mortales y ataques como el del colegio de Sagaing. Algunas estimaciones hablan de alrededor de 30.000 fallecimientos, mientras que cifras oficiales confirman que estos rondan los 3.000.
“En virtud del derecho internacional, todos los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas, mediante políticas, normativas y la adjudicación. Recomendamos que los Estados de origen identificados en este informe investiguen y, en su caso, inicien procedimientos administrativos y/o judiciales contra las empresas cuyas piezas y componentes, artículos finales y maquinaria y tecnología son utilizados por la Dirección de Industrias de Defensa del ejército de Myanmar”, concluye.