El naufragio que dilata la brecha entre los aborígenes y el “hombre blanco” en Australia

Tan solo dos días después de su partida, el yate Huntress, uno de los que participaron en la regata entre Sídney y Hobart, Tasmania, perdió el timón y quedó a la deriva durante una semana en el traicionero Estrecho de Bass. Era 28 de diciembre y el sueño de completar la travesía se esfumó para la tripulación, que fue rescatada en alta mar. La embarcación, de 40 pies y con un valor cercano al millón y medio de euros, apareció en la Isla del Cabo de Barren, ubicada al noreste de Tasmania, nueve días después de su salida del puerto de Sídney. Una empresa aseguradora contrató los servicios de Total Dive Solutions, compañía que se encargó de rescatar el navío y de remolcarlo a Hobart para ser devuelto a sus propietarios. Esta es la versión y el final ansiado del “hombre blanco”, la perspectiva de la comunidad aborigen, también denominada de las Primeras Naciones, donde se incluyen los alrededor de 60 habitantes que residen en la isla, es distinta. 

El 4 de enero, un navío a la deriva naufragó en Truwana (nombre aborigen de la Isla del Cabo de Barren). Según una ley que data de 1820, los aborígenes tienen derecho a percibir un tercio del valor de todo barco arrastrado por el mar a sus costas. Si no se les concede pueden quedarse con el yate. Según el Consejo de Tierras Aborígenes de Tasmania (siglas en inglés: ALCT), el buque nunca debió ser rescatado y ahora luchan por hacer honor a lo que les pertenece. El presidente de ALCT, Michael Mansell, lidera esta batalla por salvaguardar los derechos de los indígenas australianos y que trasciende más allá de este episodio para convertirse en una cuestión de honor, de justicia histórica y de reparación. En un comunicado de prensa, Mansell ahonda en su visión.

“Cuando nuestro pueblo fue masacrado y expulsado de sus tierras tradicionales en Lutruwita (nombre original de Tasmania), nos vimos obligados a reorganizarnos en Truwuna. A partir de ese día, los ancianos aplicaron la ley aborigen a todos los naufragios o embarcaciones abandonadas que llegaban a nuestras costas. Nuestros ancianos se aseguraron de que las leyes aborígenes de salvamento se aplicaran correctamente en beneficio de los aborígenes”, sostuvo en la nota de prensa difundida a los medios. “Desde entonces, muchos barcos se han acogido a esta ley. Las leyes de salvamento del hombre blanco no se aplican porque éste es un territorio aborigen soberano y nuestras leyes prevalecen sobre las del hombre blanco. No hemos dado permiso a los aseguradores para trasladar el buque Huntress hasta que se pague un tercio de su valor o los propietarios acepten que los aborígenes sean los dueños del barco”, sentenció.

Desde la compañía que ha organizado el rescate del navío han afirmado en otro comunicado que la ayuda de los aborígenes locales fue clave para rescatar la embarcación. “Total Dive Solutions reconoce que esto no habría sido posible sin el apoyo y la ayuda de la comunidad indígena local”, declararon. Esa ayuda llegó desde el desconocimiento de la ley, que fue mencionada por Mansell una vez el navío ya había sido retirado. 

Entre las respuestas a las pretensiones se las Primeras Naciones hay sorpresa, indignación y bufa. Algunos abogados defienden que no hay nada que pueda cambiar la propiedad de un yate, y que sólo la persona o personas que aparecen en el título del mismo son los dueños aunque el barco “esté destrozado, salvado o rescatado con éxito”. Desde este prisma, “sería una sorpresa si hubiera sustancia legal en estas reclamaciones”, afirma a Australian Broadcasting Corporation, John Kavanagh, abogado marítimo. Las redes sociales están sirviendo de caldo de cultivo de otras opiniones menos fundamentadas y más pasionales con comentarios como: “dicen que las leyes de rescate del hombre blanco no se aplican, hay que j**erse…”, “la ley reconoce la ley australiana y punto, no la indígena”, “que traigan de vuelta al capitán Cook”, “deberían haber dejado un par de libros de texto en el barco, sólo así (los aborígenes) no hubieran querido quedarse con él”, “pero el dinero de los blancos pagado a sus cuentas bancarias está perfectamente bien”… 

Más allá del fanatismo nacionalista australiano o del racismo vertido en las redes sociales, poner sobre la mesa el tema de los aborígenes en Australia suscita incomodidad entre todos aquellos que no tienen sangre indígena. Entre la amplia gama de pareceres se suele aludir a la complejidad del asunto mientras subyace cierta sensación de responsabilidad, de vergüenza. A veces ambas se asumen abiertamente, otras se esconden entre justificaciones y, casi siempre, el tema se zanja por ser demasiado engorroso. La población originaria australiana lo tiene claro y no hay complicación alguna en su perspectiva: el hombre blanco se ha quedado con su tierra, les ha intentado despojar de su identidad, explota sus recursos naturales de manera insostenible y les ha obligado a adaptarse a una sociedad distinta a la suya -además de perjudicial-. 

El resultado es devastador en las apartadas comunidades aborígenes, donde la depresión, el alcoholismo o la violencia se han convertido en la vía de escape de individuos obligados a desenvolverse en un hábitat distinto al suyo. Los niveles de inadaptación son mayúsculos, y el llamado trauma intergeneracional sigue vivo desde la colonización que comenzó a ser más agresiva desde 1794 y que ha pasado por fases más recientes como el fenómeno de las generaciones robadas, en las que entre comienzos del siglo XX y los años 70, la Australia colonizadora despojó a niños de sus padres con el convencimiento de que sus vidas mejorarían si pasaban a formar parte de la sociedad blanca. Truwuna/Isla del Cabo de Barren, ejemplifica a la perfección las fases de represión de la comunidad aborigen que también se han sucedido en el resto de Australia. Quizás por ello, el naufragio de Huntress y la lucha por su propiedad tiene un poso distinto desde la perspectiva de las Primeras Naciones. Ansían un respeto que nunca llega y todo indica que perderán otra batalla que no servirá más que para agrandar la enorme brecha que hay entre los indígenas y el “hombre blanco”. 

En términos de representación política, los parlamentarios que se identifican como aborígenes o isleños del Estrecho de Torres constituyen un 2 por ciento de la Cámara de Representantes (tres sobre 151), mientras que los senadores con esta identidad componen un 10 por ciento del Senado (ocho sobre 76). Una de las maneras de ampliar la influencia aborigen en los legisladores es a través de un órgano llamado ‘la voz de los indígenas’, que tiene el objetivo de asesorar a los parlamentarios en asuntos relacionados con el bienestar social, espiritual y económico de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. El Parlamento y el Gobierno estarían obligados a consultarles pero no tienen por qué seguir sus directrices y en tal caso, los representantes de este órgano no podrían elevar la cuestión a los tribunales. Sobre la mesa está la posibilidad de realizar un referendum para cambiar la constitución y ofrecer más reconocimientos a los aborígenes, sin embargo, el Partido Nacional (conservadores) se opone a esta propuesta y es contrario a la presencia de ‘la voz de los indígenas’.

En Australia es difícil medir el porcentaje de desempleo de los aborígenes ya que los datos son globales, sin embargo, algunas cifras apuntan a que podría haber una media de un 60 por ciento de indígenas desempleados. Otra vara de medir la brecha es la cantidad de reclusos de las Primeras Naciones que hay en comparación con otros ciudadanos, en este sentido, el 32 por ciento de la población reclusa media en el trimestre de junio de 2022 son pobladores originales, a pesar de que tan solo componen el 3% de la población general. Desde la creación de la Comisión Real sobre Muertes de Aborígenes bajo Custodia en 1991, se han registrado 516 muertes de indígenas. Sólo en 2022 se han producido más fallecimientos que en los años anteriores: 24. Son muchos los frentes que hay abiertos en la relación entre las dos Australias. Para los aborígenes, cualquier oportunidad es buena con tal de reivindicar sus tradiciones, incluso la de apoyarse en una ley de 1820 para reclamar un navío naufragado en 2023. Un indicativo, quizás, que prueba que esta brecha seguirá siendo inmensa mientras el vínculo entre ambas realidades esté marcado por el poder de la mayoría.