{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Comienza un año 2023 para el Gobierno de España que se antoja de fricciones e incertidumbres en las relaciones con Marruecos. Desde la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla hasta la delimitación de las aguas territoriales en la fachada atlántica pasando por las negociaciones sobre la plataforma terrestre canaria no pocos son los frentes abiertos para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Transcurridos casi diez meses desde el envío de una carta al rey Mohamed VI en que expresaba su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental –que rompía la tradicional neutralidad española en la cuestión y ponía fin a la crisis diplomática-, el jefe del Gobierno de España tendrá que pasar de las bellas palabras a los hechos.
Lo cierto es que hasta el momento el gran logro de España en la prometedora “nueva alianza” con Marruecos ha sido justamente haber aplacado la cólera de Rabat. Las cosas comenzaron a caldearse a raíz del apoyo del ex vicepresidente Pablo Iglesias al referéndum en el Sáhara a finales de 2020, tomaron temperatura con las reticencias españolas a apoyar la propuesta marroquí en el conflicto después del hito del reconocimiento estadounidense de la marroquinidad del territorio y alcanzaron el punto de ebullición al descubrirse la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico en la primavera de 2021.
Dicho de otra manera: el éxito para Sánchez no ha sido otro que lograr la paz con el vecino a costa de complacerle en su mayor obsesión: recabar apoyos verbales a su plan de autonomía avanzada para la que fuera colonia española –del que no se conocen resultados concretos- aún a sabiendas de que el problema seguirá siendo dirimido en Naciones Unidas. El desencuentro quedó atrás; los puentes se han vuelto a tender. La cooperación antiterrorista permite desmantelar células yihadistas vinculadas al Daesh como desde Rabat se anunció este miércoles y también en octubre. Episodios infames como el de mayo de 2021 en el Tarajal -10.000 jóvenes salían de territorio marroquí para adentrarse en Ceuta- no se han vuelto a repetir, pero la presión migratoria en las fronteras de las dos ciudades autónomas y Canarias no ha perdido fuerza en los últimos meses. En los últimos meses España ha disparado los envíos de gas hacia Marruecos a través del tubo Magreb-Europa, infraestructura que Argelia cerró a comienzos de noviembre de 2021.
En este sentido cabe interpretarse el logro del Gobierno de haberle puesto fecha a la XII Reunión de Alto Nivel, que llevaba suspendida desde diciembre de 2020 por decisión unilateral de Rabat y se celebrará definitivamente en Rabat los días 1 y 2 de febrero. En su comparecencia de este miércoles, el ministro de Exteriores José Manuel Albares no ocultaba su entusiasmo por la presencia de “diez ministros de cada parte”.
Entre ellos no estarán, eso sí, ni la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ni la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos Ione Belarra, como tampoco el titular de Consumo y coordinador federal de IU Alberto Garzón (No es ningún secreto que no hay demasiado entusiasmo por la formación morada –cuyos responsables no disimularon su rechazo al giro de Sánchez en el Sáhara- en Marruecos). Más allá, en fin, del empalago de buenas palabras intrínseca a este tipo de formatos, está por ver la naturaleza y el calado de los acuerdos que habrán de suscribir ambas administraciones.
Alcanzado el éxito de haber recuperado el formato después de más de siete años –la última RAN se celebró en Madrid en junio de 2015-, la gran pregunta ahora es cuándo y de qué manera se abrirán las prometidas aduanas comerciales de Ceuta y Melilla que, según las promesas de Sánchez y Albares, debían estar operativas con el cambio de año. Desde la reapertura de fronteras el pasado 17 de mayo –después de 26 meses cerradas-, las autoridades marroquíes llevan a cabo un riguroso control de mercancías a quienes entran desde las ciudades autónomas españolas a su territorio.
El pasado 2 de enero el jefe de la diplomacia española insistió en que la apertura de las aduanas deberá ser “ordenada y gradual (…) para no volver a repetir los errores del pasado” sin dar más detalles sobre los plazos del proceso y las dimensiones de la infraestructura. Mientras tanto, desde Rabat, silencio (como lo hubo también este miércoles respecto a la celebración RAN, que solo fue anunciada por parte de las autoridades españolas a pesar de que tendrá lugar en Rabat).
Por otra parte, a pesar del apoyo de las autoridades de Ceuta y Melilla y el tejido empresarial local, el Gobierno de Sánchez ha evitado hasta ahora afrontar la decisión de insertar definitivamente a las dos ciudades autónomas en el espacio Schengen, lo que supondría la supresión a la excepción que sigue rigiendo oficialmente. Con arreglo a la Declaración conjunta firmada el 9 de abril en Rabat también deberá abordarse en el futuro próximo la actualización del Tratado de Amistad hispano-marroquí.
El que está aún arrancando tendrá que ser también el año de las negociaciones entre las dos administraciones sobre la delimitación de los espacios marítimos en la fachada atlántica, otro de los asuntos que constan en la hoja de ruta pactada por ambas administraciones el pasado 9 de abril en la capital marroquí. Hasta ahora rige una mediana provisional dibujada sobre la base de un criterio de equidistancia que Marruecos rechaza. Con la ley que fija los límites de sus aguas territoriales, aprobada en abril de 2020, Rabat se apoya en un criterio de supuesta equidad.
Al respecto lo mejor que ha ocurrido hasta ahora es que el grupo de trabajo bilateral sobre la materia se reunió varias veces entre junio y octubre pasado, después de no haberlo hecho desde nada menos que 2005. No será el único conflicto que tendrán que asumir los dos gobiernos en el escenario canario. En febrero la ONU España defenderá la ampliación de su plataforma continental al oeste del archipiélago más allá de las 200 millas correspondientes a la Zona Económica Exclusiva.
Otro de los temas más delicados que los dos gobiernos habrán de abordar en los próximos meses –a buen seguro en la RAN- será el de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que a día de hoy se reparten ambas administraciones –desde los centros de control de Rabat y Gran Canaria- y Marruecos reclama por entero.
Entretanto, todo sigue igual en el frente argelino. El apoyo de Sánchez al plan de autonomía marroquí para la ex colonia española indispuso de manera inmediata las relaciones hispano-argelinas. Las buenas palabras del presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores no han bastado para ablandar el corazón al presidente Abdelmadjid Tebboune y aplacar la furia argelina.
El 8 de junio las autoridades de la República argelina daban por suspendido el Tratado de Amistad suscrito con España hace 20 años y un día más tarde entraba en vigor un boicot a las empresas españolas que ha prácticamente borrado la actividad comercial bilateral. Los meses pasan y los puentes entre Argel y Madrid siguen rotos. Los empresarios españoles desesperan. Esta misma semana el presidente valenciano Ximo Puig –las empresas de la región se encuentran entre las más castigadas por el bloqueo argelino, entre ellas exportadoras de fritas y esmaltes, azulejos, textil, calzado o bienes de equipo- pedía en Bruselas a la UE que Argelia sea obligada a cumplir el Acuerdo de Asociación suscrito en 2002.
Entretanto en los campamentos saharauis del desierto argelino comienza este viernes el XVI Congreso del Frente Polisario, en que la organización, cada vez más anquilosada e inoperante, deberá elegir nueva dirección, y, por tanto, dirimir la continuidad o no de Brahim Ghali. El lema de la convocatoria: ‘intensificar la lucha armada para expulsar al ocupante e imponer la soberanía’.
No debe olvidarse que, a pesar de que los enfrentamientos abiertos entre las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos y las tropas saharauis han sido prácticamente inexistentes –también muy difíciles de verificar-, técnicamente el Polisario y Marruecos están en guerra desde que la organización que la ONU considera legítima representante de los saharauis diera el 13 de noviembre de 2020 por terminado el alto el fuego vigente desde 1991.