El abogado de Pablo Ibar, sobrino del legendario boxeador vasco fallecido José Manuel Ibar "Urtain", pedirá en una vista que se celebrará el próximo 28 de febrero que se revoque la cadena perpetua a la que fue condenado por un triple asesinado cometido en Florida el 26 de junio de 1994, y se celebre nuevo juicio en el que pretende demostrar su "inocencia", que el acusado siempre ha proclamado.

El Tribunal del Cuarto Distrito de la Corte de Apelaciones, con sede en la ciudad de West Palm Beach de Florida (EE.UU.), ha convocado para el 28 de febrero, a las 14.00 horas, una sesión en la que el letrado del condenado, Joe Nascimento, solicitará la revocación de la cadena perpetua y, al mismo tiempo, la celebración de un nuevo juicio, "esta vez ante un juez imparcial, no como sucedió en el proceso anterior", tal como ha dado a conocer la Asociación 'Pablo Ibar-Juicio Justo'.

Nascimento dispondrá de unos veinte minutos para exponer los motivos por los que pide que su defendido sea juzgado de nuevo. El abogado considera que el magistrado Dennis Bailey, que dirigió el proceso en el que Pablo Ibar fue condenado a cadena perpetua, "vulneró derechos constitucionales del acusado". No obstante, se consiguió que el procesado no fuera sentenciado a pena de muerte, como sucedió en el anterior juicio.

El tribunal estará compuesto por tres jueces y la vista no será presencial, como era tradicional en este tipo de procedimientos, sino que se desarrollará por videoconferencia, una práctica habitual en las apelaciones tras la pandemia.

Joe Nascimento, que ya formó parte del equipo de juristas que defendió a Pablo Ibar en el proceso de 2019, donde desempeñó un relevante papel, sustenta su solicitud de repetición del juicio en "las numerosas irregularidades y decisiones de parcialidad" en las que, en su opinión, incurrió el juez Dennis Bailey, al que acusa de "vulnerar derechos constitucionales" de su defendido.

El abogado de Pablo Ibar sostiene que el tribunal de primera instancia de Broward County "abusó de su discrecionalidad y cometió graves errores jurídicos".

De esta forma, argumenta que el Estado se refirió de manera "inadmisible" al derecho que ampara al acusado a guardar silencio y dio a entender que era una "admisión de culpabilidad", lo cual "constituye una clara violación de la Quinta Enmienda de la Constitución".

De igual manera, entiende que el mismo órgano judicial no actuó de forma imparcial cuando prohibió a la defensa interrogar a "testigos clave" para los intereses del procesado o cuando admitió la declaración sobre una rueda de reconocimiento fotográfica de otro testigo que dijo haber visto el día de los hechos a Pablo Ibar a bordo del Mercedes de Casimir Sucharski, una de las víctimas.

La defensa señala al respecto que los procedimientos puestos en práctica por los agentes que investigaron los hechos "fueron innecesariamente sugerentes" y condujeron al testigo "a una probabilidad sustancial de identificación errónea". También alega que la introducción de esta prueba "no fue inocua".

Joe Nascimento argumenta el juez "vulneró el derecho constitucional de Ibar a un proceso con todas las garantías y su derecho a la contradicción, al prohibir que la defensa interrogase al especialista del Estado en materia de ADN sobre anteriores casos de contaminaciones cruzadas que se produjeron en el Laboratorio de Criminalística del Sheriff del Condado de Broward".

La Asociación Pablo Iba recuerda que la Fiscalía aportó para el juicio, "de manera un tanto sorpresiva, una camiseta que contenía unas minúsculas muestras de ADN de Pablo Ibar". La defensa ha sostenido en todo momento que dicha muestra, en todo caso, "fue fruto de una contaminación que se produjo en el laboratorio".

En la apelación se critica también la "conducta inapropiada" del fiscal Charles Morton, quien en el alegato final negó a Pablo Ibar su "derecho constitucional a un juicio justo". Cree el abogado que, una vez más, el juez abusó de su discrecionalidad cuando desestimó la protesta de Ibar después de que el fiscal pusiese fin a su informe con una "declaración incendiaria", al decir a los componentes el jurado que no permitieran "que este hombre se salga con la suya y se libre de haber cometido un asesinato".

Una vez finalizada la vista de apelación, se abre un periodo de deliberación entre los miembros del tribunal. Esta fase se puede prolongar varios meses e incluso no se descarta que el fallo tarde en conocerse un año.

En el caso de que la apelación no prospere en esta instancia, la defensa acudirá al Tribunal Supremo de Florida. Mientras tanto, Pablo Ibar permanece en la prisión de Okeechobee (Florida).

El acusado fue declarado culpable del triple crimen que acabó con las vidas de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno y propietario del chalet donde se perpetraron los delitos, y de las jóvenes Sharon Anderson y Marie Rogers.

Los tres fueron asesinados por dos individuos que irrumpieron en la vivienda. La secuencia de los hechos fue grabada por una cámara de vídeo situada en el salón de la casa, que, en un momento determinado, capta el rostro de un joven con rasgos latinos que la Policía identificó con Pablo Ibar.

La Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo destaca, sin embargo, que en el último juicio celebrado entre finales de 2018 y principios de 2019 quedó "acreditado, incluso por peritos de la acusación, que el vídeo no tenía la calidad de imagen suficiente para realizar ninguna identificación".

Este colectivo continúa trabajando en la recaudación de fondos que permitan costear la apelación, cuyo presupuesto es de 200.000 dólares (164.200 euros), por lo que mantiene una campaña de crowdfunding para poder hacer frente a los gastos.