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En Brasil, 1.200 personas siguen detenidas tras los recientes actos violentos y el asalto de las sedes de los tres poderes. El ministro de Justicia asegura que ya se ha identificado a los financiadores de los asaltantes en diez estados.
Los detenidos esperan en el gimnasio de la Academia Nacional de la Policía Federal en Brasilia. En ese campamento esperan a ser interrogados por la turba violenta que puso en peligro la democracia en Brasil.
Tras el intento de golpe de estado, el presidente Lula Da Silva se ha reunido con los 27 gobernadores ofreciendo al país una imagen de unidad. Mientras, miles de brasileños siguen saliendo a las calles de Río de Janeiro y Sao Paulo exigiendo represalias contra los partidarios del expresidente Bolsonaro, para los que piden prisión inmediata.
La autoridades policiales de Brasil terminaron de levantar definitivamente el último reducto del campamento levantado hace poco más de dos meses por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a la puertas del cuartel general del Ejército en Brasilia, con la última detención de 1.200 personas.
Agentes de la Policía Militar de Brasilia y de la Fuerza Nacional de Seguridad acudieron para advertir a los últimos que persistían en permanecer en el campamento donde se gestó el asalto de las sedes de los tres poderes de que disponían de una hora para dejar el lugar.
La desocupación ha tenido lugar sin enfrentamientos, aunque se han registrado algunas detenciones, una vez la mayoría de quienes habían estado acampados optaron por salir antes del último aviso de las autoridades lideradas por los ministros de Defensa, José Múcio, y de la Casa Civil, Rui Costa, cuentan medios brasileños.
Junto a estas 1.200 personas otras 300 fueron detenidas durante los asaltos, de las cuales poco más de 200 permanecen en prisión. La Policía ha informado de que se han identificado al menos una quincena de delitos relacionados con lo ocurrido el domingo en la plaza de los Tres Poderes.
Entre ellos están los de golpe de Estado, lesiones, desórdenes públicos, destrozos de bienes del Estado, posesión de armas y robo, después de que se confirmara que algunos de los asaltantes atacó a periodistas que cubrían lo sucedido para hacerse con sus equipos.