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Cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro ha superado las barreras policiales y ha invadido la sede del Congreso brasileño, palacio presidencial, el Palacio de Planalto, y a la sede del Tribunal Supremo Federal en Brasilia en el marco de una manifestación contra el nuevo presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
No obstante, las fuerzas de seguridad brasileñas han logrado recuperar el control del Congreso y del Palacio de Planalto --sede presidencial--, con lo que ya han expulsado a los simpatizantes de Jair Bolsonaro de las sedes de los tres poderes del Estado.
Los agentes de la Policía Militar han logrado recuperar el control del Congreso a primera hora de la noche empleando medios antidisturbios y granadas aturdidoras, informa 'O Globo'.
También han desplazado a los asaltantes del Palacio de Planalto, el palacio presidencial, aunque los manifestantes continúan concentrados en la conocida como Explanada de los Ministerios comunica todos estos edificios, ahora contenidos por un cordón de seguridad de los agentes.
Previamente las fuerzas de seguridad habían desalojado a los manifestantes de la sede del Tribunal Supremo Federal, donde han provocado importantes daños materiales.
Las autoridades brasileñas han informado de que han sido detenidas 30 personas tras el asalto. Los sospechosos quedan a hora pendientes de una audiencia de custodia que decida sobre su detención definitiva, según informa la cadena de televisión brasileña O Globo.
Los detenidos se encuentran en dependencias de la Policía Civil del Distrito Federal, concretamente en el Departamento de Policía Especializada, donde se espera la llegada de más sospechosos.
La mayoría están siendo arrestadas por el Artículo 359-M del Código Penal, que prevé entre 4 y 12 años de prisión por "tentativa de destitución de un gobierno legítimamente electo".
Los manifestantes que se habían concentrado este domingo frente al Cuartel General del Ejército, en el centro administrativo de Brasilia, y habían marchado hasta la Explanada de los Ministerios, donde se han producido los incidentes.
Los afines a Bolsonaro exigían la intervención de las Fuerzas Armadas y la detención de Lula. Los simpatizantes de Bolsonaro han acampado frente a diferentes cuarteles de las Fuerzas Armadas brasileñas para exigir un golpe de Estado para "salvar Brasil" y deponer a Lula, vencedor de las elecciones de octubre de 2022.
Anteriormente, el ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo haber mantenido contactos con los gobernadores para abordar "actos antidemocráticos" ocurridos recientemente en el país en referencia a las manifestaciones de rechazo a la toma de posesión de Lula.
"Queremos que la ley prevalezca y no haya crímenes. Estoy en Brasilia. Espero que no haya actos violentos y que la Policía no tenga que actuar. La 'toma del poder' solo puede suceder en 2026, tras unas nuevas elecciones", ha argumentado.
El presidente de Brasil, Luz Inácio Lula da Silva, ha mantenido este domingo una reunión de emergencia con sus ministros para tratar la situación en Brasilia, donde una turba de manifestantes ha asaltado las sedes del Congreso, el palacio presidencial de Planalto y el Tribunal Supremo Federal para exigir un golpe de Estado.
Lula, que se encuentra en Araraquara, Sao Paulo, ha mantenido una reunión por videoconferencia con los ministros de Defensa, José Mucio Monteiro; de Justicia, Flavio Dino, y de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha.
El mandatario había convocado una rueda de prensa que fue suspendida tras conocerse las informaciones sobre la entrada de los bolsonaristas en la sede del Congreso. Lula está acompañado de los ministros de Trabajo, Luiz Marinho; de Ciudades, Jader Filho, y de Desarrollo Nacional, Waldez Góes.
Mientras, el protagonista velado de este ataque, Bolsonaro, mantiene su silencio a pesar de que hasta poco antes del asalto eran frecuentes sus publicaciones en redes sociales defendiendo su gestión con datos económicos. Sin embargo, el presidente del Partido Liberal de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, se ha distanciado de la "vergüenza" del asalto y ha tachado la jornada de "día triste para Brasil".
Costa Neto ha publicado un vídeo en el que asegura que los responsables de este ataque a las instituciones "no representan" a Bolsonaro. "Todos los actos que hemos hecho después de las elecciones frente a los cuarteles han sido un ejemplo de educación, de confianza y de brasileñidad", ha apuntado el dirigente del PL.
"Había familias representando a Boslonaro, representando a la derecha. Ese acto de hoy en Brasilia es una vergüenza para todos nosotros y no representa a nuestro partido ni a Bolsonaro", ha argumentado.
Para Costa Neto, "la policía es la seguridad y estos sectores de la seguridad tienen que hacer su función". "No apoyamos estos actos. Sí apoyamos 'Patria, familia y libertad'. Apoyamos los actos de bien. Ese acto de hoy en Brasilia ha sido una vergüenza para todos nosotros", ha insistido.
Por su parte, los gobernadores de los estados brasileños han puesto las fuerzas militares estatales a disposición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por si fueran necesarias para contener a los manifestantes.
"Las gobernadoras y gobernadores brasileños se ponen a disposición para el envío de fuerzas militares estatales destinadas a apoyar la situación de normalidad nacional", ha publicado el Forum Nacional de Gobernadores que reúne a los 27 organismos que integran la federación brasileña.
Asimismo, "exigen depurar el origen de ese movimiento absurdo y la adopción de medidas enérgicas contra los extremistas y quienes han permitido, por negligencia o conveniencia, tal situación, así como la subsiguiente penalización de sus responsables".
El gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, ha anunciado la destitución de su secretario de Seguridad, Anderson Torres. "He decidido destituir al secretario de Seguridad del D.F. y he ordenado poner en la calle a todas las fuerzas de seguridad con la determinación de detener y castigar a los responsables", ha publicado Rocha en Twitter.
Asimismo, Rocha ha solicitado el apoyo del Gobierno federal y ha puesto a las fuerzas de seguridad estatales a disposición del Ejecutivo. "Estoy en Brasilia supervisando las manifestaciones y tomando todas las medidas para contener los disturbios antidemocráticos de la Explanada de los Ministerios", había publicado previamente.
El Ministerio Público Federal brasileño ha anunciado la apertura de una investigación penal por los "actos violentos" en las manifestaciones que han derivado en la ocupación de las tres sedes.
"El fiscal general de la República, Augusto Aras, supervisa y acompaña con preocupación los actos de vandalismo contra edificios públicos que han ocurrido en Brasilia este domingo", ha informado el MPF en un comunicado.
Aras "mantiene contacto permanente con las autoridades y ha adoptado las iniciativas que competen a esta institución para impedir la secuencia de actos de violencia", prosigue.
Así, menciona una petición a la Fiscalía de la República en el Distrito Federal para la "apertura inmediata de procedimiento de investigación criminal".
Fávio Dino, el ministro de Justicia y Seguridad Pública del nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ha advertido de que los intentos "absurdos" de imponer por la fuerza un intento de golpe de Estado "no se impondrán" en respuesta a la toma por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro de la sede del Congreso en Brasilia.
"Ese absurdo intento de imponer su voluntad por la fuerza no se impondrá. El Gobierno del Distrito Federal afirma que habrá refuerzos y las fuerzas de que disponemos están trabajando. Estoy en la sede del Ministerio de Justicia", ha afirmado Dino, según recoge el diario 'Folha de Sao Paulo'.
También el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, ha criticado las acciones de los manifestantes y ha advertido de que "deben sufrir con urgencia el rigor de la ley".
"He hablado hace poco por teléfono con el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, con quien mantengo un contacto permanente. El gobernador me ha informado de que está concentrando los esfuerzos de todo el aparato policial para controlar la situación", ha publicado Pacheco en redes sociales.
"En esta acción están participando las fuerzas de seguridad del Distrito Federal y la Policía Legislativa del Congreso. Condeno vehementemente esos actos antidemocráticos que deben sufrir el rigor de la ley con urgencia", ha añadido.
Mientras, el portavoz del bloque del Gobierno en el Congreso, Randolfe Rodrigues, ha abogado por la unión de los demócratas ante este ataque de "terroristas". "Los antidemócratas criminales no pueden andar libremente. No hay que tolerar a los intolerantes. Esperamos la dura aplicación de la ley a todos los implicados en esas acciones", ha indicado.