Un equipo médico legal de la Fiscalía se ha trasladado a la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de Perú, donde el expresidente Pedro Castillo permanece detenido, para realizarle un examen toxicológico. La prueba forma parte de la investigación preliminar contra Castillo, quien está acusado de un delito de rebelión por un intento de golpe de Estado contra el Congreso. Castillo llegó al poder en junio de 2021 tras imponerse por un pequeño margen a Keiko Fujimori.

Esta noticia se ha dado a conocer después de que varios allegados al político hayan puesto en cuestión el estado en el que se encontraba el expresidente en el momento de leer el discurso con el que disolvió la Cámara y convocó elecciones anticipadas. El congresista Guido Bellido primer jefe de gabinete del Gobierno de Castillo, había asegurado que este "no se encontraba en sus facultades" en ese momento y planteado que podría haber sido un movimiento "inducido". "No recuerda", ha subrayado una y otra vez el ex primer ministro.

Las numerosas movilizaciones en apoyo del expresidente peruano continúan en varias ciudades del país. En Lima, la capital, las protestas se han concentrado alrededor del Congreso. Los seguidores de Castillo, quien se encuentra en la misma prisión que el exmandatario Alberto Fujimori, exigen que sea disuelto tal y como él anuncio el miércoles y que a la postre significó su muerte política.

También se han producido manifestaciones en otros puntos del país andino como en Canchis, Cuzco, donde unos 300 ciudadanos bloquearon algunos puntos de acceso y salida a las regiones de Puno y Arequipa.

Los agentes han empleado gases lacrimógenos para disolver las protestas y los seguidores de Castillo han culpado a la nueva presidenta, Dina Boluarte, de estar detrás de la represión policial.

"El objetivo número uno es liberar al profesor Pedro Castillo, él no cometió ni rebelión ni sedición, necesitamos la solidaridad y unidad del pueblo", ha reclamado Bellido, quien días atrás elucubró acerca de la posibilidad de que el expresidente hubiera sido presionado por sus "asesores" para anunciar la disolución del Congreso.

Mientras los detractores celebran su caída, el exmandatario, que podría enfrentarse a entre 10 y 20 años de prisión solo por el delito de rebelión, ha pedido asilo en la Embajada de México.

La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha expresado este sábado que a pesar de que juró ocupar el cargo hasta 2026, "si la sociedad y la situación lo amerita", adelantarán las elecciones generales.

La exvicepresidenta no ha descartado convocar una nueva cita en las urnas, después de que se hayan extendido protestas por el país demandando que se cierre el Congreso y se designen nuevos representantes en la Cámara y se vote un nuevo jefe de Estado.

"Creo que el planteamiento de la cuestión de confianza ha sido el punto de quiebre. Yo lamento mucho que se haya dado esta situación inesperada. Nadie lo esperaba hasta la semana pasada, en Consejo de Ministros", ha manifestado Boluarte.

Por otra parte, el Poder Judicial peruano ha admitido a trámite la demanda de habeas corpus presentada por el abogado de Pedro Castillo que busca la liberación inmediata del expresidente.

Según recoge el diario local La República, el letrado señala que Castillo fue detenido de forma "irregular e ilegal" por el delito de rebelión puesto que, dice, no existe evidencia de que hiciese uso de armas, sino que se limitó a leer un discurso.

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima ha decidido admitir a trámite la demanda contra el Poder Judicial en base a este argumento por la presunta vulneración de la libertad individual de Castillo, detalla el mencionado diario.