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La escaladora Elnaz Rekabi continúa arrastrando represalias tras la controversia protagonizada por competir sin pañuelo en el Campeonato Asiático de Escalada en Corea del Sur el pasado mes de octubre.
La decisión de la escaladora fue aplaudida en principio como un acto de solidaridad con las protestas contra las autoridades por la muerte en septiembre bajo custodia de la joven, Mahsa Amini, por violar supuestamente el código de vestimenta islámico.
La escaladora insistió no obstante en que compitió sin velo por accidente, no como un gesto político contra el Gobierno de la República Islámica.
A pesar del anuncio del régimen de no tomar represalias contra la escaladora, según ha adelantado la BBC, la casa de la deportista en Irán ha sido demolida.
En un vídeo publicado a través de la red social de Twitter, se puede ver los escombros de la casa y algunas de las medallas de Elnaz entre los restos de la casa.
Desde medios locales confirman que se hizo efectiva la demolición de la vivienda de la casa familiar de la escaladora porque no contaba con las licencias necesarias para su construcción, pero supuestamente esta demolición se llevó a cabo antes de que Elnaz compitiese en Seúl.
El presidente del Tribunal Supremo de Irán, Gholam Hosein Mohseni Ejei, ha informado este lunes de que "pronto" se ejecutarán las sentencias contra unas personas detenidas durante las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, lo que abre la puerta a la inminente aplicación de penas de muerte.
"Se determinarán castigos disuasivos para los principales elementos de la reciente sedición y disturbios", ha indicado, agregando que las autoridades judiciales también llevarán a cabo procesos contra aquellas personas que hayan causado daños a la propiedad, sin dar más detalles, según la agencia Mehr.
El pasado 13 de noviembre, un tribunal revolucionario de Teherán condenó a muerte a un detenido por quemar una sede del Gobierno en la que fue la primera sentencia de este calibre desde el inicio de las manifestaciones que estallaron tras la muerte de la joven.
La ONG HRANA iraní estima que más de 18.000 personas han pasado a disposición policial, temporalmente o hasta el momento, desde el estallido de las protestas en el país, que han costado las vidas de más de 400 personas.