En estas semanas de trabajo de cierre para Mario Draghi las dificultades protagonistas en los últimos meses de su Gobierno, sobre todo en la aprobación de los principales decretos económicos, se recrudecen. Este tiempo de descuento hasta el voto, que se celebrará de forma anticipada el 25 de septiembre tras la caída del Ejecutivo en julio, no está siendo fácil para el presidente del BCE que esperaba con la diligencia que lo caracteriza dejar cerrados sin grandes problemas los puntos más importantes, los temas más candentes, tras este año y medio como primer ministro.

En el último Consejo de Ministros se revelaron algunos desencuentros que impedirían aprobar el nuevo “decreto ayudas” precisamente por las enmiendas presentadas por el M5S de Giuseppe Conte ante las modificaciones del llamado Superbonus 110%, incluidas en el propio paquete de medidas. Desencuentros que no son casuales.

La medida impulsada, lanzada y abanderada por los grillinos, que lanzaron en el gobierno Conte II, ahora tendría que exponerse a algunos cambios vinculados a los procesos de control, orientada a evitar casos de fraude que se han dado en los últimos dos años. Así lo quiere el Gobierno y lo ha pedido Draghi con insistencia. La medida se espera que finalmente que salga adelante, a pesar de los nombrados ademanes para hacerla caer, pero la historia del Superbonus es la de una norma nacida para reactivar la economía tras el parón de la pandemia que puede ser víctima de su propio éxito. 

Nace en 2020, concretamente a finales de mayo, cuando la economía había sido atravesada por la pandemia para incentivar la reactivación económica. Se proponía así una serie de mecanismos de ayudas y deducciones para modernizar las infraestructuras, sobre todo edificios residenciales, y favorecer su eficiencia energética. Votado y sostenido por casi todos los partidos en su lanzamiento, en aquel momento parecía ser considerado por todos una medida genial. Estimulaba a los ciudadanos a renovar sus casas con cambios que las hacían más sostenibles; activaba el trabajo en multitud de empresas en la cadena de la construcción y, por su funcionamiento, implicaba también al sistema bancario a través de la cesión de créditos. Concretamente el Gobierno se comprometía no sólo a pagar el total de los gastos, sino un poco más para compensar la gestión y para que funcionase como un incentivo llegando a cubrir el 110% de la cuenta final.

Lo hacía, además, sin atender a la renta de los solicitantes y sin grandes requisitos previos, lo que lo hacía una medida casi universal que ponía en funcionamiento muchos millones de euros en el país. Un dato lo ilustra: en 2021 se crearon 63 empresas de construcción al día.

Dos años después, tras haber sido puesta en práctica la norma, la percepción ha cambiado por completo. Se han propiciado muchos fraudes, sobre todo en la parte inicial, porque no había normativas para delimitar quién podía acceder a la ayuda y porque se convertía en una moneda de cambio para lavar dinero.

Su funcionamiento a través de la cesión de un crédito que daba el Gobierno a la hora de pagar a la empresa al final del trabajo y que se podía ceder sin limitaciones creaba un vacío legal creando un mercado secundario para la venta y adquisición de estos créditos. Cuando la situación se hizo evidente para todos llegaron una cadena de críticas: el presidente de la Agencia Tributaria, Ernesto Maria Ruffini, el ministro de Economía, Daniele Franco, que la describió como el mayor fraude de la historia de la República, el Tribunal de Cuentas y, en diversas ocasiones, el propio Mario Draghi. El coste del Superbonus para las arcas del Estado alcanzó así los 40.000 millones de euros, Draghi señaló que el fraude era de unos 5 mil millones. 

¿Cuáles son las grandes consecuencias que ha tenido a nivel económico?

Aunque aumentó claramente el flujo de la economía, muchos expertos determinan algunas consecuencias. Guglielmo Barone, profesor de economía de la Universidad de Bologna destaca tres problemas principales de la medida. “El primero la eficiencia: en una economía de mercado los precios regulan el propio sistema, si desaparece el precio porque es cero, dado que el Gobierno paga, se desequilibra el propio mercado. El segundo es la redistribución: es un bono que se da a todos los ciudadanos independientemente de la renta. El principio fundamental del sistema tributario italiano se rompe. El tercero es que el objetivo de mejorar las políticas energéticas era acertado, pero no se realizó un análisis de costes y beneficios. Los datos dicen que solo el 1% de los ciudadanos se han beneficiado de esta medida. Es muy poco para el dinero que ha costado”, explica.  

Se ha buscado en diversas ocasiones intervenir, pero no era sencillo con una norma ya en marcha y con unas medidas que hasta ahora se han mostrado insuficientes. Los cambios que en este momento intenta negociar Draghi -antes de irse- están orientados a castigar solo a quien haya actuado en un fraude vinculado al Superbonus con dolo o culpa grave, excluyendo la responsabilidad de todos los demás que actuaban de forma ilegal inconscientemente.

Esta manera de legislar sobre la norma está ahora sobre la mesa y aún bloquea en el Parlamento el decreto de Ayudas de 17.000 millones bis lanzado por el Gobierno en agosto. Porque el Movimiento 5 Estrellas insiste en su enmienda, al ser esta su histórica medida estrella, que excluiría por completo la responsabilidad de quienes venden o adquieren los créditos vinculados al 110%. Cancelando así al mismo tiempo todo tipo de responsabilidades para no bloquear el funcionamiento de la medida y así la economía, defienden, pueda seguir funcionando. Algo inadmisible para el Gobierno que ve insostenible el fraude que se ha generado. El nudo sobre esta medida se desbloqueará en las próximas horas y en el funcionamiento o no del Superbonus están ahora los ojos de los italianos.