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Los consumidores británicos se enfrentan a un otoño caliente por los altos precios de la electricidad y el gas. Desde principios de agosto el movimiento No Pagues Reino Unido ha lanzado una campaña de desobediencia civil para instar a la población a no pagar las facturas de la luz y gas ante el constante incremento del monto, que se podría triplicar en octubre.
El grupo aspira a poner a las empresas en "serios problemas". "Queremos traerlos a la mesa de diálogo y obligarles a poner fin a esta crisis", afirma en su página web.
Desde el Gobierno ya han condenado la iniciativa, que han calificado de "muy irresponsable" porque "solo causará un incremento de los precios y afectará a la valoración crediticia personal", según un portavoz oficial citado por el diario 'The Guardian'.
Además, han subrayado que "ningún gobierno puede controlar el precio global del gas", aunque "estamos prestando ayudas por 37.000 millones de libras para los hogares, incluidas las 400 libras de descuento en las facturas de energía y las 1.200 libras de ayuda directa a los hogares más vulnerables para paliar el aumento de los precios", ha argumentado.
Todo apunta a que habrá manifestaciones una vez termine el verano, pero no se limitarán a los medios tradicionales de protesta y podrían tener cierto eco otros métodos como el impago de facturas.
El 1 de octubre está previsto que se eleve el tope máximo del coste de la energía en Inglaterra, Escocia y Gales, lo que provocará aumentos de las facturas para millones de usuarios. La suma de las facturas habituales de gas y electricidad podría alcanzar las 3.358 libras interanuales en octubre, según la consultoría Cornwall Insight, casi el triple de las 1.400 libras de octubre de 2021.
La consecuencia es que en muchos hogares tendrán que ahorrar en comida u otros gastos esenciales para poder pagas estas facturas. "Es terrible, en especial con tres adolescentes en casa", se ha lamentado una ama de casa, Josina, citada por 'The Guardian'.
Por eso ha decidido que no pagará las facturas de energía, como miles de activistas que se han sumado ya a la campaña de desobediencia civil pese a los riesgos como el aumento de las deudas, los cargos extra o, en casos extremos, el corte del suministro.