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Cuando han transcurrido más de once años desde el derrocamiento popular del régimen de Zine el Abidine Ben Ali y el inicio de una transición a la democracia juzgada como pionera y modélica en todo el mundo arabo-islámico durante años, Túnez consolida, poco a poco, una nueva autocracia. El máximo responsable, el presidente Kais Saied -electo en el otoño de 2019-, lo hace en nombre de la democracia, como tantas veces en la historia. Y con un país dividido y exasperado por la situación socioeconómica.
El próximo 25 de julio los tunecinos tendrán la oportunidad teórica de frenar o respaldar la nueva Constitución –publicada la semana pasada en el Diario Oficial- hecha a la medida del presidente Saied tras su autogolpe de Estado de hace casi un año. La ausencia de encuestas hace imposible vaticinar cuál será el grado de respaldo o rechazo de la nueva Constitución, redactada en tiempo récord, con el rechazo de los principales partidos y sin apenas discusión pública.
El inestable escenario económico y político que vivía –y sigue viviendo- el país magrebí empujó al impertérrito profesor de Derecho Constitucional a asumir en julio pasado todo el poder ejecutivo y legislativo invocando el artículo 80 de la Carta Magna de 2014, a la que le quedan pocas semanas de vida. Saied comenzó relevando al primer ministro y suspendiendo la Asamblea de Representantes –Parlamento unicameral- en julio de 2021 (para disolverla definitivamente en marzo de este año). En febrero de este año Saied disolvió el Consejo Superior de la Magistratura, organismo encargado de garantizar la independencia del Poder Judicial, y llevó a cabo una auténtica purga de magistrados. El 4 de junio pasado destituyó de una vez a 57 jueces por supuesta corrupción y en los últimos días hemos conocido, tras la denuncia de los magistrados, que dicta la llamada ‘justicia del teléfono’: sentencias y apertura de casos directamente ordenadas por el propio presidente de la República.
El mandatario tunecino ha dejado claro en numerosas ocasiones su rechazo al sistema parlamentario y su defensa de la democracia directa, que es lo que pretende consagrar en la nueva Constitución. El Parlamento, fragmentado y con los islamistas de Ennahda como grupo más numeroso, ha resultado desde el principio un obstáculo para los planes de un presidente cada vez más convencido de su carácter providencial.
La nueva Constitución, que consta de 142 artículos, consagra un régimen republicano presidencialista, que contrasta con el semiparlamentario que garantizaba la Carta Magna de 2014. El presidente, que se arroga amplios poderes y reduce los mecanismos de control a su acción de gobierno, tiene la prerrogativa de designar al jefe del Gabinete y sus miembros, así como la de destituirlos.
Como muestra de que la Constitución es el resultado de la voluntad personal del mandatario, el principal ponente de la nueva Constitución, Sadok Belaid, se desmarcaba del texto final el pasado 3 de julio. El jurista aseveraba que la versión última de la Carta Magna puede abrir el camino “a un régimen dictatorial”. “Es nuestro deber anunciar con toda la fuerza y sinceridad que el texto que ha sido publicado y va a ser sometido a referéndum no está vinculado al texto que hemos preparado y entregado al presidente”, explicaba.
El día 8 de julio el texto de la Constitución publicado en el Boletín Oficial veía la modificación de dos artículos, el 5 y el 55. Saied incorporó en el capítulo 5, que reza que Túnez “forma parte de la comunidad islámica y el Estado debe trabajar por alcanzar los objetivos del islam”, la apostilla de que “dentro de un sistema democrático”.
En el caso del capítulo 55, donde se afirmaba que “no puede haber restricciones a los derechos y libertades consagrados en la Constitución” se añadía que salvo cuando se trate de “proteger los derechos de otros o por necesidades de seguridad pública, defensa nacional o salud pública”. Una modificación que, según los expertos, compromete la protección de los citados derechos y los deja a merced de la voluntad del jefe del Estado.
El rechazo de la mayor parte de la clase política al autoritarismo de Saied y al régimen presidencialista que la Carta Magna de 2022 consagra es compatible con el apoyo que el mandatario sigue teniendo entre una parte importante de la población, que lo percibe como un carácter serio y decidido, y como única figura capaz de llevar a cabo los cambios políticos y económicos en el sistema que permitan a Túnez salir adelante en un momento de bloqueo político y económico como el presente. Aunque no multitudinarias, en los últimos meses se han venido celebrando protestas en las calles de las principales ciudades contra la deriva del enigmático Kais Saied.
Si el Parlamento y los partidos han contrariado al presidente Saied desde su llegada al poder en octubre de 2019, sus mayores enemigos han sido los islamistas del partido Ennahda, con su veterano y carismático líder Rachid Ghannouchi a la cabeza. Hace dos semanas trascendía en la prensa tunecina que la justicia había congelado las cuentas bancarias de los principales líderes de la formación, incluido el citado Ghannouchi, acusados de apoyo al terrorismo.
El rechazo de Saied por los islamistas no significa que el mandatario sea un laicista a ultranza; al contrario, el presidente tunecino no ha ocultado sus posiciones conservadoras: es defensor de la pena de muerte y contrario a los derechos de los homosexuales.
Mientras tanto, acusados por el presidente y una parte importante de la opinión pública y mediática tunecina de los mayores problemas de la última década tunecina, los islamistas de Ennahda aguardan en un discreto segundo plano. La formación liderada por Ghannouchi, que se dice hermana del AKP de Erdogan, obtuvo en las elecciones legislativas de 2019 un 19,55 % de los votos y 52 escaños de una cámara de 217 representantes.
El apoyo popular de Ennahda, con todo, fue cayendo durante toda la década: en 2011, en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, consiguieron 37,04% de los votos y 89 escaños, su mejor resultado; tres años más tarde tuvieron ya que conformarse con un 27,79% de los sufragios.
No sólo Ennahda se ha manifestado contra la nueva Constitución. El partido islamista se ha integrado en el llamado Frente de Salvación Nacional junto a otras formaciones, tales como Corazón de Túnez –segundo partido en la Asamblea en octubre de 2019-, la Coalición de la Dignidad, el Partido del Movimiento y Al-Amal, así como la Iniciativa Ciudadana contra el Golpe, en su oposición al proceso del 25 de julio. La plataforma expresaba la pasada semana su apoyo a la Carta Magna de 2014. Por su parte, Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras y la Liga Tunecina de Derechos Humanos han mostrado también su rechazo a la Constitución.
“La democracia no es hoy la gran motivación de los tunecinos. Lo más importante para la gente es mejorar sus condiciones materiales, y si ello se produce en un sistema democrático o dictatorial les resulta más o menos igual”, asegura a NIUS un politólogo marroquí afincado en Túnez que prefiere no ser identificado. El Estado tunecino y el FMI retomarán en breve las negociaciones para la concesión de un nuevo paquete financiero de ayuda. Los índices de pobreza se seguirán incrementando en los próximos meses.
El joven sistema democrático tunecino nacido de la revolución de 2011 no fue, en fin, capaz de solucionar los problemas estructurales de la economía y la sociedad del país magrebí y la población, exhausta tras la pandemia y la subida generalizada de precios, sólo quiere hoy alguien al mando que sea capaz de enmendar el rumbo de la nación.
El debate y la discusión sobre el marco político e institucional tunecino pasaron hace meses a un segundo plano. El tiempo dirá si Túnez, la que fuera esperanza del mundo árabe e islámico como madre de la Primavera Árabe y su revolución de los jazmines, ha enterrado durante mucho tiempo el sueño de construir un auténtico poder civil en torno a un Estado de Derecho y un sistema democrático. Como en otros momentos de su convulsa historia contemporánea, Túnez se desliza hacia lo desconocido.