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La defensa de la actriz Ana Duato, que está siendo juzgada por la Audiencia Nacional en el 'caso Nummaria', no se plantea reconocer delitos fiscales en la recta final de la vista oral con el objetivo de disminuir los años de cárcel a los que podría ser condenada.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que después de que el fiscal del caso elevara a definitivas sus conclusiones, interesando una pena de 16 años de cárcel para la actriz protagonista de 'Cuéntame', ya no es posible llegar a un acuerdo de conformidad para buscar atenuantes por confesión.
A pesar de que esa opción no es viable, fuentes fiscales explican que la defensa de la actriz siempre podría hacer uso de su turno de informes finales en el juicio y de la última palabra de la propia Duato para reconocer hechos, pero esta posibilidad ni se baraja desde la defensa.
Así, la actriz se mantendrá firme en su decisión de luchar por demostrar su inocencia en el marco de esta causa en la que se investiga al despacho de asesoría fiscal Nummaria, dirigido presuntamente por el principal encausado Fernando Peña, que se habría dedicado a facilitar a sus clientes 'vip' pasarelas societarias para defraudar a Hacienda.
La estrategia de Duato choca frontalmente con la seguida por otro de los encausado, el actor Imanol Arias, que sí que llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y reconoció hasta cinco delitos fiscales (por el IRPF de 2010 a 2014) aceptando la pena de 2 años y 2 meses de prisión.
Cabe recordar que en su declaración ante el tribunal, la actriz subrayó a preguntas de su abogado Enrique Molina que Peña fue quien le llevó todas las declaraciones ante Hacienda investigadas y que "confiaba plenamente" en él. Explicó que tenía la "tranquilidad" de que todo estaba "bien hecho" porque "el idioma de los fiscalistas es bastante complicado".
Añadió que ella no sabía qué era lo que le ofrecían crear --vehículos fiscales--, pero que "en aquella época confiaba plenamente" en Peña porque "tenía una reputación muy considerada, era inspector de Hacienda en excedencia".
En cambio, en su informe, el fiscal Tomás Herranz se mantiene en su tesis de que Duato se sirvió de ese despacho con "la voluntad de no declarar sus verdaderos ingresos" y así defraudar a Hacienda. Aseveró al respecto que "desde el mismo momento" que acudió al despacho del principal encausado su objetivo era el de no declarar todo lo que debía.
De hecho, puso el foco en que hasta 2006 declaraba todo "y tributaba como es debido" dado que pagó aproximadamente 400.000 euros a Hacienda, el 43% de sus ingresos, y que tras acudir a Nummaria comenzó a pagar solo el 25%. "¿Cómo puede ser? No se entiende salvo designio de fraude", incidió.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha fijado la pena que solicita para Peña en 231 años y 9 meses de cárcel por hasta 57 delitos fiscales, organización criminal y estafa procesal, entre otros delitos. Reduce así la petición inicial en 67 años. Para Duato fija la pena en 16 años de cárcel por cinco delitos fiscales de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015.
En este juicio se acusa a una treintena de personas por presuntamente haber evadido impuestos a través del despacho de abogados Nummaria, dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.
Según el informe de Anticorrupción, Peña, "con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba" bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas, creó un entramado de sociedades españolas a la par que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo.
Esas sociedades --en número superior a 200-- eran empleadas, indica el Ministerio Público, "tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para la realización de las actividades ilícitas" investigadas en la causa.
Esa opacidad era buscada tanto frente a la Hacienda Pública como frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentaban algún derecho de crédito contra los encausados. "Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas", recuerda el Ministerio Público.
Añade el escrito que las estructuras societarias creadas eran prácticamente idénticas para todos los clientes afectados del bufete Nummaria y la finalidad de las mismas en la mayor parte de los casos era evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades o el IVA de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF.
El juicio afronta esta semana su recta final con los informes tanto de Abogacía del Estado como de las defensas. Tras esto será el turno de la última palabra de los encausados --Imanol Arias ya anunció que no haría uso de ella-- y acto seguido quedará visto para sentencia.
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