El rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs, conocido también como P. Diddy, se encuentra en prisión provisional tras ser acusado de diversos delitos, entre los que se incluyen abuso sexual, tráfico sexual, soborno, secuestro y obstrucción a la justicia. La acusación, compuesta por 14 páginas, lo señala como el organizador de las llamadas fiestas 'Freak-Offs', en las que abundaban el consumo de drogas y las relaciones sexuales forzadas, según la manifiesta denuncia.

Durante estos eventos, Diddy grababa a los participantes sin su consentimiento, utilizando estos registros como forma de chantaje para evitar que lo denunciaran. Este escándalo ha puesto a la industria musical en estado de alerta al revelar, una vez más, una faceta oscura y tóxica del sector. Como consecuencia, varios artistas han comenzado a esconder cualquier vínculo con el productor, eliminando canciones, publicaciones y fotografías.

La acusación presentada por el gobierno de Estados Unidos describe estas fiestas como “espectáculos de terror”, según detalla 'The New York Times'. El motivo reside en que se organizaban elaboradas escenas sexuales acompañadas por un consumo masivo de drogas. Los participantes eran drogados y sometidos a sexo forzado durante días que, en algunos casos, les tenían que suministrar fluidos intravenosos para que se recuperasen debido al agotamiento extremo.

Un ejemplo de estas fiestas descrito en la acusación incluye la participación de una mujer y un prostituto en una suite de hotel de lujo, con drogas y aceite para bebés, mientras un hombre observaba y grababa. Asimismo, las autoridades también han señalado que el rapero operaba lo que denominan una “empresa de crimen organizado” encargada de coordinar estas fiestas. Los empleados de Diddy se encargaban de encontrar prostitutos, reservar habitaciones de hotel y suministrar sustancias, además de “arreglar” cualquier problema posterior. En algunos casos, se señala que las víctimas debían esconderse durante días para recuperarse de las lesiones que Combs les había infringido.

En ese sentido, los fiscales han citado la ley de extorsión, utilizada comúnmente contra mafiosos y narcotraficantes, argumentando que Diddy usaba una estrategia similar. El estadounidense contaba con subordinados a quienes exigía “lealtad absoluta”, controlándolos mediante amenazas de violencia. Además, el fiscal federal, Damian Williams, indicó que el acusado no actuaba solo, sino que se apoyaba en empleados y contactos cercanos para ejecutar estos eventos, incluyendo supervisores, asistentes personales y personal de seguridad.

Según el exfiscal, Anthony Capozzolo, algunos miembros del equipo de Diddy podrían no haber sido mencionados aún en la acusación porque están colaborando como testigos con las autoridades, buscando incentivos para que otros también testifiquen contra el productor.

Estas acusaciones apoyan una denuncia previa presentada por la cantante Cassie (Cassandra Ventura), exnovia de Diddy, quien aseguró haber sido obligada a participar en algunas de estas fiestas. En su denuncia, la expareja afirmó que el rapero la obligaba a untarse grandes cantidades de aceite mientras él grababa los encuentros y se masturbaba, tratando los eventos como “proyectos artísticos” en los que ajustaba las velas para obtener la mejor iluminación en sus grabaciones.

En respuesta a las acusaciones de Cassie, Diddy se declaró inocente, y sus abogados argumentaron que los encuentros no implicaron abuso sexual, asegurando que fueron consensuados, aunque reconocieron que la naturaleza de las relaciones era inusual.

La fiscal a cargo del caso, Emily Johnson, sin embargo, subrayó que el gobierno posee “una cantidad enorme de pruebas”, entre ellas testimonios, fotografías, videos y mensajes de texto. Además, recuerda que una de las pruebas más contundentes es un video de 2016 que muestra a Diddy agrediendo brutalmente a Cassie en un hotel de Los Ángeles, lo cual refuerza la acusación de que las fiestas no eran consensuadas.

El abogado de Diddy, Marc Agnifilo, reconoció que este video era perjudicial para su cliente, pero argumentó que mostraba la reacción de Diddy tras descubrir una infidelidad de Cassie, quien presuntamente lo habría golpeado primero con su teléfono. No obstante, el gobierno sostiene que el productor intentó ocultar el incidente sobornando a un guardia de seguridad del hotel y haciendo desaparecer el video de vigilancia tres días después. Finalmente, los jueces negaron la libertad bajo fianza a Diddy al temer que el rapero continúe obstruyendo la justicia y manipulando a los testigos, complicando aún más su situación judicial.

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