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Carlos Navarro, el Yoyas, ha sido detenido en una operación conjunta entre la Policía Nacional y los Mossos tras 19 meses huido. El catalán estaba en paradero desconocido desde que el Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria dictara una sentencia firme en 2020 con la confirmación de la propia Audiencia de Las Palmas por la que ya se le comunicó que debía ingresar en prisión por los seis delitos hacia su exmujer y sus dos hijos, ambos menores de edad.
Carlos Navarro llevaba 19 meses en busca y captura. El ahora detenido, de 46 años y conocido como el 'yoyas' por su conducta agresiva, fue la primera expulsión disciplinaria de Gran Hermano 2. Allí conoció a Fayna Bethencourt, la que fue su pareja durante muchos años, y a la que maltrató, y por la que se enfrenta a una condena de casi seis años. Sus dos hijos, de 15 y 12 años actualmente, también relataron en numerosas ocasiones los casos de violencia constantes que han vivido en su casa hasta que, en el 2017, su madre se separó del detenido y los llevó a Gran Canaria, su lugar natal.
'El Yoyas' había sido condenado en sentencia firme como autor responsable de un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de vejaciones. Desde su fuga, Carlos Navarro estaba permanentemente escondido y tomaba muchas medidas de autoprotección para evitar su localización y detención.
La orden de búsqueda y detención fue dictada por el Juzgado Penal 5 de las Palmas de Gran Canaria, por violencia en el ámbito de la pareja.
En abril de 2021, la Audiencia de Las Palmas confirmó la condena de cinco años y ocho meses de cárcel impuesta por un juzgado de Gran Canaria a Carlos Navarro al considerarlo culpable de un delito de maltrato habitual y cuatro de lesiones cometidos contra su exesposa, Fayna Bethencourt, en presencia de los dos hijos de ambos, así como de dos delitos leves de vejaciones y amenazas.
La defensa del Yoyas impugnó el fallo dictado en diciembre el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria al cuestionar las pruebas en las que se basaba la condena y denunciar que los testimonios de sus hijos habían estado orientados por la madre, de la que decía que los tenía "secuestrados".
La Audiencia de Las Palmas, sin embargo, no encontró motivo alguno para dudar del criterio del magistrado que examinó los hechos en primera instancia.
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