La Xunta de Galicia ha concedido el permiso medioambiental al proyecto de macroplanta de pasta de celulosa que la multinacional portuguesa Altri pretende construir en Palas de Rei, Lugo. El gobierno gallego da luz verde con esta aceptación de la declaración de impacto ambiental al desarrollo del proyecto, dando un importante paso adelante para que pueda continuar el procedimiento.

La inversión prevista para esta planta se calcula por encima de los 1.100 millones de euros, la más grande de Galicia en los últimos años. Y supondrá levantar una gran planta de pasta de celulosa, con una chimenea de 75 metros de altura, que consumirá cada año más de un millón de toneladas de eucalipto y que necesitará cada día 46.000 metros cúbicos de agua, que prevé captar del río Ulla. 

El proyecto de planta de fibras textiles y celulosa de multinacional lusa Altri ha estado marcado por la contestación social, con numerosas y multitudinarias protestas de colectivos vecinales y medioambientales y fuertes críticas de varias fuerzas políticas en los últimos meses. Mientras tanto la Xunta de Galicia había defendido reiteradamente que sobre su futuro "decidirían los técnicos".

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica el anuncio este viernes y el informe refleja que se formula la declaración de impacto ambiental para el proyecto "estratégico" de la industria de fibra textil a base de celulosa y sus infraestructuras asociadas, en Palas (Lugo), Melide y Santiso (A Coruña), y Agolada (Pontevedra), promovido por Greenfiber.

La declaración, que consta de un total de 76 páginas, señala que el proyecto es ambientalmente viable, con condiciones, y apunta: "Siempre que se cumpla, además de lo recogido en el estudio de impacto ambiental y la restante documentación evaluada, el condicionado y el programa que figura a lo largo de este documento".

Dentro de esos condicionantes generales que deberá cumplir, por ejemplo, se le exigirá a los promotores el empleo de tecnologías de última generación para el cumplimiento de los requisitos ambientales. También se señala que "toda actuación o afección en el dominio público hidráulico o zona de servidumbre, incluyendo zonas de flujo preferente y zonas inundables, así como cualquier captación o vertedera si es el caso, necesitarán de la autorización o permiso del organismo pertinente". Además, condiciona que la calidad de las aguas «no disminuya respecto de la existencia antes del inicio de las obras».

Respecto a la fauna y la flora de las zonas afectadas, el informe indica que en el desarrollo del proyecto "se garantice que no se vean afectados componentes del medio natural que gocen de un régimen de protección legal". Y por ello apunta a que el seguimiento de todas estas cuestiones "deberá ser efectuado por personal cualificado y con capacidad técnica suficiente".

Los colectivos contrarios a la construcción de esta planta ya han anunciado nuevas movilizaciones para mostrar su oposición al proyecto de Altri, convocando la primera de ellas este mismo fin de semana.

La Plataforma Ulloa Viva ha hecho un llamamiento a todos los vecinos y vecinas del entorno del río Ulla a salir este domingo, a las 12.00 horas, a las plazas de sus pueblos para "gritar alto y claro 'Altri Non!', después de la concesión de este permiso ambiental Además, la Plataforma ha avanzado que ejercerá "todas las medidas administrativas y judiciales" en contra de las resoluciones que puedan autorizar el proyecto de Altri.

En un comunicado difundido a los medios, ha denunciado el "ajuste (o reajuste) de informes sectoriales a la decisión política previa" de autorizar la iniciativa. Unos informes que, ha recordado la Plataforma, "por el momento no han sido publicitados", lo que, en su opinión, "evidencia la falta de transparencia en todo el procedimiento". Otra movilización está convocada para el próximo 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal, en A Coruña.

Las primeras reacciones políticas tampoco se han hecho esperar ante el informe de viabilidad de la Consellería de Medio Ambiente. El secretario general del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, ha denunciado la falta de transparencia de la Xunta respecto al proyecto. Lamenta que esta resolución no despeje las dudas fundamentales sobre este proyecto e insiste en que el gobierno gallego sigue sen ofrecer respuestas claras sobre el impacto real de la iniciativa empresarial. "La sostenibilidad, no solo en el aspecto ambiental, sino también en lo social y lo económico están en entredicho", ha declarado el líder de los socialistas gallegos.

“Se consuma la mayor traición de Rueda a Galicia”, ha declarado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, añadiendo que es "una decisión política que se viste de carácter técnico” con la que el gobierno autonómico da un paso adelante para "colocar en el corazón de Galicia una bomba ambiental" que pone en riesgo no solo 8.000 puestos de trabajo sino también "el desarrollo económico de nuestro país". Ana Pontón avanzó que desde el BNG “vamos dar la batalla política, democrática y si hace falta legal” contra esta decisión.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a pedir este viernes "respeto a los técnicos" que emitieron los informes para que la declaración de impacto ambiental del proyecto fuese favorable. Ahora, Alfonso Rueda apunta hacia la Administración estatal. "Le toca ahora al Gobierno central mover ficha. Decía que en función de si los informes eran favorables o no actuarían en consecuencia con respecto a la financiación y a la conexión eléctrica necesaria", ha señalado en un acto en Ourense.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.