“Toda la vida hemos vivido con el tren y nunca nos ha molestado; ahora nos quieren emparedar”. Así de rotundo y contundente es el testimonio de Julio Fernández, presidente de la asociación de vecinos de Laraño, en Santiago de Compostela, al hablar de un plan de instalación de pantallas opacas antisonoras que ha proyectado ADIF en su zona residencial, y que amarga a prácticamente todos los vecinos y vecinas, que se ven, dicen, “impotentes” ante esta imposición.

Las pantallas las ponen, aseguran desde la compañía, “para evitar el ruido”, cuando ni un solo vecino de la zona se ha quejado nunca de eso.

En cambio ahora sí se quejan. Se quejan porque la decisión de instalar esas pantallas (un total de 502 metros de paneles opacos de gran altura en diversos tramos frente a sus viviendas) la han tomado sin atender sus peticiones, que a estas alturas del proyecto, rozan el calificativo de súplica.

Entre los afectados se encuentra la familia Forján Mosquera, cuya hija, Lourdes, está afectada de esclerosis múltiple y las pantallas proyectadas le quitarán la luz que llega a su casa. “Si ponen la pantalla matan a mi hija”, sostiene Milagros, quien detalla que “le quitan lo poco que puede hacer: asomarse a la ventana y ver el monte, otras casas y los trenes”, concisa.

A Lourdes, que pasa prácticamente su día a día encerrada en casa, lejos de molestarle, los trenes son su entretenimiento, los lleva viendo pasar por delante de su casa toda su vida y nunca le molestaron ni lo más mínimo.

Y como ella, el resto de vecinos y vecinas afectados encuentran la medida como “un insulto”, nunca la han solicitado y no entienden que ahora ADIF “gaste tanto dinero en solucionar un problema que no existe”.

Porque el proyecto asciende a 11 millones de euros que, según Julio, “estarían mejor aprovechados si los donasen a los vecinos para insonorizar sus ventanas”, cosa que tampoco han pedido ya que, insisten, “el ruido no molesta”.

“Nos van convertir en un gueto, con esos muros”, asegura Julio, quien ya ha anunciado que los residentes no van a parar hasta que alguna administración competente atienda a sus súplicas ya que temen perder la luz del sol, y con ella, sus campos, sus cultivos, sus frutales, sus jardines… en definitiva, su (hasta ahora apacible) vida en el rural compostelano.

Han pedido apoyo al Concello de Santiago, a la Delegación del Gobierno en Galicia, al Valedor do Pobo y a cuantas administraciones públicas han podido pero nadie se ha puesto en su lugar y se ha apiadado de sus peticiones, que al fin y al cabo no son más que evitarles vivir para siempre castigados “viendo un muro”.

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