La mayoría de bajos comerciales de la provincia de Ourense, obligados a medir el nivel de radón de sus negocios
El 90% de los locales de la provincia deberán hacer un registro de sus niveles de radón al situarse en plantas bajas o primeras plantas
Ourense es la ciudad gallega con más afectación del gas radón, con un 23,15% de viviendas expuestas
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El radón, ese peligroso gas que ni se ve ni se huele y que es el responsable de causar unas 1.500 muertes al año sólo en España, se puede encontrar en multitud de hogares españoles a los que llega por filtraciones a través del subsuelo. Sin embargo, preocupa especialmente su presencia en la provincia de Ourense, ya que todos sus municipios, sin excepción, superan los límites permitidos, y 82 de sus 92 concellos, albergan las máximas concentraciones de este gas.
A fin de atajar los problemas de salud que causa el radón en la población, el pasado mes de junio entró en vigor una normativa europea que obliga, desde este otoño, a los empresarios y dueños de locales en sótanos y plantas bajas a hacer mediciones del gas radón en sus instalaciones, en el marco de su plan de Prevención de Riesgos Laborales, y los citados municipios ourensanos se ven todos afectados por la medida, debiendo someter a las mediciones de este gas un 90% de los locales comerciales de la provincia (los situados en las plantas bajas y primeras plantas).
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Medidas necesarias conforme a la ley
El nivel de referencia establecido en nuestro país se sitúa en 300 bequerelios por metro cúbico como máximo, y según datos de la prensa local, sólo en Ourense capital un 23,15 por ciento de las viviendas están expuestas a este gas por encima del nivel establecido, convirtiéndose en la primera ciudad gallega en afectación por el ‘gas del cáncer’.
Las mediciones deben realizarse durante un mínimo de tres meses con un dispositivo especial que se conoce como ‘detector de trazas’. Pasado ese tiempo, los resultados son enviados a un laboratorio que los analiza y realiza un informe acreditado para el empresario, quien deberá tomar las decisiones de mitigación necesarias de ser el caso.
El gasto de esta medida de salud pública ronda los 35 o 40 euros por dispositivo y los empresarios ourensanos lo reciben con agrado pues, según explica su portavoz, Luis Rivera en La Región, “si se trata de una medida para asegurar nuestra salud, siempre es bienvenida”. Añade que “es un gasto mínimo que hay que asumir como una prevención de riesgos laborales”, garantizando que el entorno de los trabajadores esté libre de concentración.
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