Las refugiadas ucranianas que han sido acogidas en Santiago de Compostela a raíz de la invasión rusa en su país y el conflicto bélico que sigue activo, tendrán que costearse sus gastos a partir del próximo mes de noviembre, al vencer el convenio que en su día impulsó Cáritas Diocesana de Santiago para su manutención integral.

El colectivo, formado en su mayoría por mujeres y niños, sabía desde hace meses que el acuerdo con la organización finalizaría a finales de octubre, pero llegado el momento, según informa la prensa local, se encuentra ante una situación de “gran incertidumbre”.

En el Centro Europeo de Peregrinación Juan Pablo II, en el Monte do Gozo (Santiago de Compostela), viven actualmente 39 personas (llegaron a ser más de 50) que huyeron de la difícil situación que vivían en Ucrania en busca de un futuro mejor. De esas 39 personas, 13 son niños, y 23 son mujeres, que se han quedado viudas o cuyos maridos siguen en su país de origen.

Desde marzo de 2022, cuando se originó el conflicto y consecuentemente la situación de emergencia, Cáritas corría con todos los gastos de su manutención y de mantenimiento del centro, propiedad de la Iglesia Católica, pero esta ayuda tenía fecha de caducidad y el momento ha llegado.

Desde la entidad señalan que no pueden “seguir sosteniendo de manera indefinida un centro de acogida de estas características” pero que están dispuestos a atender a todos aquellos casos individuales “que requieran de nuestra ayuda”, aseguran.

Katarzyna Jablonskahay, representante del grupo de voluntarios por Ucrania, explica que la solución que les ha dado el Concello de Santiago es muy similar, ya que  “tendrán que ir de uno en uno a asuntos sociales” y la administración estudiará cada caso de manera individual.

Aunque muchos de los acogidos “ya han encontrado trabajo”, al haber recibido formación para acceder al mercado laboral, otros se encuentran en un momento de “gran preocupación e incertidumbre”, puesto que “no saben cómo van a sufragar los gastos que tendrán que asumir desde el uno de noviembre”, señala Katarzyna.

Si bien Cáritas manifiesta su intención de dejar que continúen viviendo en el complejo compostelano, tendrán que hacer frente, además de a los gastos de alimentación, a las facturas de agua, luz o gas, que el padre Román, encargado del centro, les ha dicho que oscilarán “entre 100 o 200 euros por persona”, revela una de las refugiadas.

“Esta situación les ha generado mucha angustia y algunos han decidido volver, pese a que el país sigue en guerra”, explica la voluntaria, mientras que otros quisieran regresar pero “no tienen nada, se han quedado sin casa porque fue destruida por los bombardeos”, añade.

Las que han decidido quedarse y hacer de Santiago su hogar, tienen por delante un panorama complicado y afrontan con mucha preocupación su futuro y el de sus hijos, quienes, ajenos al problema, se divierten en un lugar seguro, que ha sido su casa los últimos dos años de sus vidas.

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