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La dieta atlántica, caracterizada principalmente por contar con abundante proteína procedente del pescado y el marisco, es la clave de la ‘superlongevidad’ de muchos gallegos y gallegas pero podría estar en peligro.
Según datos extraídos del Panel Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo de pescado ha disminuido sustancialmente en la comunidad en los últimos años, y sigue bajando pese a un ligero repunte en 2023, arrojando datos que preocupan tanto a los expertos en economía como a los que velan por nuestra salud: uno de cada diez hogares de Galicia no consume proteína marina en todo el mes.
Las cifras extraídas del último informe estatal son una muestra representativa de este descenso del consumo de productos del mar: el número de hogares que incluyeron pescado en su cesta de la compra (incluyendo marisco o conservas) durante el segundo trimestre de este año se sitúa en una media de 88,4%, mientras que en el mismo periodo de 2023 la tasa superaba el 91,5%.
La prensa gallega asegura que “no hay precedentes en los registros disponibles que exhiban esta nueva realidad” y que existe un componente claro en este descenso: el factor precio.
La escalada de la inflación tras la pandemia, que se acusó todavía más con la guerra de Ucrania, llevó a que el precio del pescado se disparara en los mercados y que, consecuentemente, se pasara de consumir 6.539 toneladas en junio de 2019, a las 5.069 actuales, aunque eso sí, por aproximadamente el mismo coste: 50,3 millones de euros.
La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), que pide reiteradamente a los gobiernos central y autonómico medidas para afrontar la caída de la demanda del pescado y el marisco (como un "bono pescadería" similar a otros bonos activos en Galicia), lamentan la negativa del Ejecutivo a incluirlos en el listado de productos con rebaja del IVA.
Otras asociaciones como Conxemar, Anfaco, Cepesca o Fedepesca consideran que la actual tasa del 10% de IVA reducido no es suficiente para recuperar niveles de demanda que hagan sostenible la actividad a largo plazo y reclaman una rebaja de este impuesto al grado superreducido: del 4%.
El Ejecutivo central, por su parte, ha incidido en múltiples ocasiones que “no está en sus planes atender a esta solicitud”, según explica Faro de Vigo.
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