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La Plataforma de Víctimas ALVIA 04155 dan hoy por finalizada una agonía que duró 11 años, desde aquel 24 de julio de 2013. Aseguran que durante estos años han tenido "en contra al Estado y a todas las instituciones. Nadie colaboraba". Por eso hoy agradecen la labor de María Elena Fernández Currás, jueza del caso, por haber sido "valiente" al poner "negro sobre blanco". Informa en el vídeo Sara García
Valoran positivamente la condena a dos años y medio de cárcel a la que ahora se enfrentan tanto el maquinista Francisco José Garzón Amo como el excargo de Adif, Andrés Cortabitarte al considerar que uno y otro son autores de 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. También agradecen que "saliese condenado el Adif", afeando al fiscal Mario Piñeiro que retirase la acusación contra el administrador de infraestructuras ferroviarias. El portavoz de la asociación de víctimas 04155, Jesús Domínguez ha sido contundente: "si le queda algo de vergüenza, debería irse a casa".
Víctimas y familiares de los fallecidos por el descarrilamiento de este tren Alvia se verán ahora indemnizados en más de 25 millones de euros en total por parte de los dos condenados (el maquinista, Francisco Garzón, y el exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte) y las compañías Allianz Global y QBE: aseguradoras de Adif y Renfe, respectivamente.
Así lo recoge la parte civil de la sentencia emitida hoy mismo, que cuenta con más de 500 folios de extensión y contra la que todavía cabe presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
Tal y como figura en el fallo, son responsables "de forma solidaria" de las consecuencias civiles de los delitos no solo Garzón y Cortabitarte, sino también, de forma subsidiaria, los organismos públicos Adif y Renfe "por su condición de empleadores de los mismos", así como la operadora como titular del propio tren. La parte de las dos empresas será asumida por sus respectivas compañías aseguradoras.
La posibilidad de realizar un recurso de apelación hace que la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago no sea firme. Para presentar tal recurso existe un plazo de 10 días hábiles a contar desde el lunes y que se cumplirían el 10 de septiembre, ya que todo el mes de agosto es inhábil para la justicia. La magistrada, Elena Fernández Currás tiene la posibilidad de acordar una extensión sobre este plazo.
Sin embargo, hay una diferencia en qué parte se debe hacer cargo de las indemnizaciones entre unas víctimas y otras. Por un lado, el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif --junto con las dos empresas públicas implicadas-- están considerados responsables civiles, de forma conjunta, de 61 muertos. Así, las aseguradoras de Renfe y Adif deberán pagar un total de 12.751.446€.
En el caso de otros 15 fallecidos, la responsabilidad civil, cifrada en 2.417.559€, la asumen solo el maquinista y la aseguradora de Renfe (QBE), porque sus familiares o bien no acusaron al exdirector de seguridad de Adif o bien estaban representadas a través de la Fiscalía, que retiró su acusación contra él el último día del juicio.
Hay herederos de tres víctimas mortales que consideraron que ya habían sido indemnizados en su totalidad o que alcanzaron un acuerdo extrajudicial con Renfe.
La magistrada ha fijado diferentes cuantías para 134 lesionados que ascienden a un total de 10.064.240€, mientras que otros 10 perjudicados renunciaron a continuar con las acciones civiles.
A mayores, la jueza ordena a ambos condenados y a las empresas públicas el pago de 1.916.159€ a Allianz, Seguros y Reaseguros, por ser la compañía encargada de la cobertura del seguro de viaje obligatorio, por los gastos que asumió por la asistencia sanitaria de las víctimas.
A la hora de fijar las indemnizaciones, la jueza tuvo en cuenta el llamado "baremo de tráfico", aunque aplicó con carácter general un incremento del 50% sobre las cuantías básicas por fallecimiento, incapacidad temporal o permanente. Un aumento con el que busca "cubrir el mayor daño moral que deriva de la vivencia de un accidente catastrófico como el ocurrido o de la angustia, zozobra y ansiedad padecida por los familiares de los viajeros que resultaron fallecidos".
Considera también que "por las circunstancias que rodean al accidente y la frustración de la confianza en la seguridad de un medio de transporte como el ferroviario", las víctimas y familias son "más propensas" a padecer "un trauma o un duelo patológico que debe resarcirse de forma independiente" del daño físico por las heridas y del daño moral de haber perdido a un ser querido.
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