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Los abogados del turno de oficio de Cangas, en huelga indefinida por las condiciones actuales de su trabajo, que definen como una “situación de explotación esclavista”, han salido a la calle este viernes a manifestarse junto con sus colegas de profesión de Vigo y Pontevedra, que llegaron en barco desde sus respectivas localidades.
Al grito de: “No somos esclavos, somos procuradores”, “Sin nosotros no hay justicia”, o “Es retribución no indemnización”, los manifestantes recorrieron las calles de la villa pontevedresa en dirección al Concello, donde los recibieron representantes de los Ayuntamientos de Cangas, Moaña, Vilaboa y Bueu.
La protesta se celebró este viernes coincidiendo con el Día de la Justicia Gratuita, y en la calle reivindicaron con gritos y pancartas la defensa de sus derechos y la dignidad de la abogacía y la procura.
Cangas era el punto de referencia de la huelga en Galicia, desde que uno de los abogados de esta plaza, Ramón Souto, fue denunciado por la Audiencia de Pontevedra a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia por no presentarse a un juicio al estar en huelga, todo ello, según la prensa local, “después de haber avisado que no iría”.
Los abogados del turno llevan más de un año en huelga con la paralización del turno de oficio, salvo servicios mínimos, y denuncian una situación de "explotación esclavista".
María Jesús Martínez, colegiada de Vigo explica, por ejemplo, que se trata de un tema de “dignidad profesional” ya que, entre otras cosas, “no se cotiza, no se nos paga un precio digno y lo que es sangrante es que a efectos de pensiones no se contempla pese a que ejercemos un servicio público”, defiende.
Patricia Carro por su parte, también colegiada de Vigo, pone de ejemplo las “cifras irrisorias” que cobran por guardia diaria por actuaciones de violencia de género, las que dice ser “la peor guardia en términos de disponibilidad, porque tenemos que estar disponibles las 24 horas del día durante 3 o 4 días, a cambio de cuarenta y pico euros”, explica.
Alberto González también ofrece algunos ejemplos de esta exigua remuneración. En su caso llegó a no cobrar varios procedimientos “porque le denegaron la justicia gratuita y luego fue inviable cobrarle al cliente”. También explica que le pagan “unos insignificantes 30 euros por, como ejemplo, visitar a un cliente a prisión durante todo el procedimiento”.
Aseguran no tener ni dietas para desplazamientos, ni un seguro que les cubra un accidente o una caída, ni cotización a la Seguridad Social por las horas que trabajan… y en definitiva, “despreciados totalmente”, explica una manifestante.
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