Los expertos en salud recomiendan subir y bajar escaleras en lugar de coger el ascensor para mantenerse en forma y mejorar la calidad de vida. Algunos valientes, como Abel Mansilla, que hace un año estuvo doce horas seguidas subiendo y bajando escaleras en un hotel de Cádiz, lo convierten en un reto con el que recaudar dinero para alguna causa solidaria (en este caso para la lucha contra el cáncer); pero los vecinos del edificio 116 de la calle Urzaiz, en pleno centro de Vigo (Pontevedra), no lo hacen ni por salud, ni por solidaridad; ellos están obligados a usar las escaleras (pese a tener un ascensor a estrenar) porque una propietaria se niega a pagar la parte que le corresponde.

Las 15 familias que habitan el edificio no pueden usarlo desde hace un año, cuando el antiguo fue sustituido por uno nuevo; algo que no debió de agradar a una de las propietarias de los pisos, que se niega a dar su visto bueno y a desembolsar su parte del pago.

Las familias afectadas viven todas de alquiler y casi nadie conoce a los arrendatarios en persona. Según explica una de las vecinas, “hay una empresa que lleva la comunidad y que no tiene relación con las inmobiliarias que nos alquilaron los pisos”, así que el problema está un poco en tierra de nadie.

Entre los afectados hay gente mayor, matrimonios con bebés, personas con dificultades para caminar… y en general, gente que necesita usar el ascensor para subir sus bolsas de la compra, sus bombonas de butano o simplemente acceder a su vivienda sin dejarse los hígados en las escaleras.

La situación es irónica, explica L.C., que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias: “Tenemos ascensores y escaleras mecánicas en la ciudad pero no los tenemos en nuestro propio edificio”, a lo que añade que “pagamos casi 800 euros de alquiler por viviendas que están al borde de la inhabitabilidad”.

Porque el problema no es solo el ascensor; “la situación es tan grave”, explica la misma vecina, “que hasta hace poco el edificio no tenía seguro (lo contrataron cuando se cayó una vecina), no hay ni un solo extintor, no hay luces de emergencia y el garaje lleva más de una década sufriendo filtraciones de agua, cayendo el hormigón y aflojando los cimientos”… y añade: “Nos harán caso cuando pase una desgracia”.

Al no ser capaces de llegar a un acuerdo, los residentes han decidido recurrir a un abogado para que, de ser necesario, sus reclamaciones acaben en el juzgado. "Ya lo hemos contratado para que intermedie”, explica, “esta situación provoca muchos problemas en la comunidad”, aclara.

En su artículo 9, la Ley de Propiedad Horizontal establece que, entre otras obligaciones, los propietarios deben "contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización". La misma ley aclara que tienen "carácter obligatorio" ciertas obras, incluidas aquellas "necesarias para garantizar los ajustes razonables en accesibilidad".

De manera que, con la normativa a su favor, estas quince familias deberán esperar a que la justicia actúe, eso sí, subiendo y bajando escaleras hasta sus viviendas, mientras cruzan los dedos para que no pase nada: “Es un despropósito”, concluyen.

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