A juicio por hacerse con la finca de un familiar en Boiro: aprovecharon que estaba borracho y le dieron 8 euros por ella
Convencieron al familiar para firmar un contrato de compraventa de una finca ubicada en Boiro, que era herencia de sus padres
Los acusados presentaron a la víctima un contrato ya redactado estipulando un precio de 90.000 euros y sólo entregaron 8
El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de estafa y pide para cada acusado tres años y medio de prisión
La sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el próximo miércoles, día 20, el juicio contra cuatro personas acusadas de hacerse con una finca de un familiar a coste cero aprovechando que estaba borracho.
Según recoge el escrito de acusación fiscal, que pide para cada uno de ellos tres años y medio de cárcel, dos de los procesados se presentaron en el domicilio de la víctima y, aprovechando "que se encontraba en estado de embriaguez", lo convencieron para firmar un contrato de compraventa de una finca de su propiedad ubicada en Boiro, que era herencia de sus padres.
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Los acusados presentaron a la víctima un contrato ya redactado, estipulando un precio de compra de 90.000 euros y haciendo constar que la cantidad se entregaba en el momento de la firma, aunque solo entregaron 8 euros.
Sabían de la existencia de la finca y de sus problemas de alcoholismo
"Lo cierto es que los acusados carecían de capacidad económica para asumir la compra de tal inmueble, el cual nunca tuvieron intención de pagar ni de habitar", apunta el escrito, que determina que la operación fue pactada con otras dos personas, el primo político de la víctima, que sabía de la existencia de la finca y de los problemas de alcoholismo del mismo, y el dueño de una inmobiliaria.
Dos semanas después del primer contrato, los acusados simularon un nuevo contrato con el que, posteriormente, crearon un título nuevo para conseguir la inmatriculación de la finca en el Registro a nombre de una tercera persona, tras realizar una compraventa a favor de una empresa domiciliada en Madrid, por una cantidad de 6.000 euros.
El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de estafa y pide para cada uno de los acusados tres años y medio de prisión, así como 1.890 euros de multa y la devolución de 6.000 euros al perjudicado.
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