La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) asumió la competencia de prisiones el 1 de octubre de 2021, poco más de tres años más tarde, se enfrenta a una petición masiva de traslados de los funcionarios de prisiones que han presentado su solicitud en el primer concurso de traslados abierto por Instituciones Penitenciarias.

En Euskadi, hay tres centros penitenciarios: el de Basauri, en Vizcaya; el de Zaballa, en Álava; y el de Martutene, en Guipúzcoa. En estas tres prisiones hay recluidos 1.706 presos y trabajan alrededor de medio millar de funcionarios de carrera, de los que casi 200 han solicitado un cambio de destino fuera de la CAV.

Aquejados por la escasez de personal y la sobrecarga de trabajo, estos profesionales no quieren seguir trabajando aquí. Un número que podría ser aún más alto antes de que termine la semana, ya que el plazo para optar a un traslado en esta OPE interna termina este próximo viernes.

El malestar de los funcionarios ha llevado al sindicato ELA a convocar a 680 personas trabajadoras de las tres cárceles de Euskadi a parar el próximo 29 de enero durante tres horas, entre las 13 y las 16 horas, para reclamar que el Gobierno Vasco se abra a negociar las condiciones laborales. “El Gobierno Vasco ha importado y empeorado el modelo estatal, con graves consecuencias tanto para la plantilla como para las personas presas y sus familiares”, denuncian a través de un comunicado.

Entre sus reivindicaciones: la negociación del tamaño de la plantilla, la delimitación de funciones y tareas en los diferentes servicios y las condiciones laborales y salariales. La central sindical propone “la creación de un Complemento Específico Singular para el personal que preste servicios en los centros penitenciarios”.

Estos primeros paros en las prisiones vascas se producen un mes después de que la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, nombrará en el Consejo de Gobierno al funcionario de prisiones Pablo Martínez Larburu como director de Servicios Penitenciarios, cargo creado “por primera vez desde la transferencia hace tres años y medio”. Precisamente, el pasado diciembre la situación se desbordó en el centro penitenciario de Álava ante el aluvión de bajas médicas entre el personal de esta prisión, lo que obligó a incorporar de forma urgente a una treintena de interinos para cubrir a los funcionarios ausentes. 

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