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La viceconsejera de Administración y Financiación Sanitarias del Gobierno vasco, Lorea Bilbao, ha reconocido que acuden con pocas esperanzas a la reunión que tienen previsto mantener hoy, martes 22, con la principal empresa adjudicataria del servicio de ambulancias de Osakidetza, La Pau, ya que en una reunión anterior la firma catalana les trasladó su intención de renunciar a los contratos de Álava y Vizcaya, territorios en los que ha protagonizado una fuerte conflictividad laboral.
La cooperativa catalana Grup La Pau, presta el servicio de transporte sanitario programado y el urgente en Vizcaya y Álava, mientras que en Guipúzcoa lo hace Ambulancias Guipúzcoa. Aunque la empresa catalana no ha trasladado por escrito su renuncia, al parecer, sí ha verbalizado su voluntad de renunciar, en encuentros previos: "Queremos que la empresa diga claramente si reúne todas las condiciones para poder prestar el servicio, entre ellas, respetar o cumplir con las condiciones laborales del personal", ha reclamado Bilbao.
Así, en la reunión con el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) y con la propia La Pau, el Ejecutivo vasco exigirá que diga "si pretende marcharse" de Euskadi y dejar de prestar los servicios que tiene adjudicados. Aunque, Bilbao entiende que "si no hay sorpresas", finalmente serán otras las empresas las que se encargarán de prestar este servicio.
En este sentido, el Gobierno Vasco espera que para antes del 30 de noviembre se hayan resuelto los problemas en el servicio de ambulancias no urgentes y de emergencias de Vizcaya y Álava, que en la actualidad presta La Pau. La solución pasaría por nuevos contratos y licitaciones.
Además, el Departamento de Salud se plantea publificar parte del servicio de ambulancias de Euskadi, a partir de 2026. En concreto, las ambulancias de Soporte Vital Avanzado de Guipúzcoa, que en la actualidad está adjudicado a una empresa privada, mientras que en los otros dos territorios lo presta directamente Osakidetza.
La Pau ha protagonizado una fuerte conflictividad laboral este año en Vizcaya y Álava, e incluso, se negó a aplicar las subidas salariales pactadas en el convenio vasco de transporte sanitario, firmado en junio por ELA, CCOO y UGT, tras dos meses de huelga. El convenio, que afecta a unos 1.500 trabajadores, recoge, entre otras cosas, un incremento salarial del 30,64 por ciento acumulado en la vigencia del acuerdo.
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