Un catedrático y su mujer, condenados por sustraer 213.000 euros a la Universidad Pública Vasca

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a casi 10 años de prisión a un catedrático de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y a su mujer por emitir facturas falsas durante cinco años y sustraer 213.115 euros.

La condena es de 9 años y 9 meses de cárcel para el catedrático de la UPV/EHU por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Administración. También ha condenado a su esposa a 2 años y 3 meses de cárcel por delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y prevaricación. Además, deberán indemnizar con 39.960 euros a la universidad y otra cantidad que todavía no se ha determinado.

La Audiencia de Bizkaia consideró probado que el catedrático se valió de su puesto como director de un departamento de la UPV/EHU y de un máster para, entre 2010 y 2015, elaborar facturas por conceptos indebidos o no prestados por la dirección del máster, que el servicio de contabilidad de la universidad abonó en una cuenta bajo titularidad de una asociación de antiguos alumnos del máster, ellos sacaban el dinero y lo ingresaban en su cuenta.

Ahora, el Superior revoca parcialmente la sentencia de la Audiencia de Bizkaia tras estimar en parte el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y la UPV/EHU que, entre otras cuestiones, solicitaban la aplicación del subtipo agravado del delito de malversación de caudales públicos por la cuantía de los fondos sustraídos(213.115 euros), el carácter sistemático de la sustracción y su prolongación en el tiempo, al menos entre 2010 y 2015. El TSJPV también estima alegaciones planteadas por la defensa vinculadas con la indeterminación de la pena de inhabilitación especial y con un error en la fijación de uno de los importes de los caudales apropiados que afecta a la indemnización que el Superior vasco fija que ambos encausados deben abonar a la UPV/EHU.

El catedrático habría malversado a través de la asociación de antiguos alumnos del máster y mediante una empresa de calderería, telegrafía y asesoramiento de la que era administrador único el acusado. La universidad pagaba las facturas falsas y los gastos aprobados por el propio catedrático como si fueran gastos externos.

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