Hace un par de años, los propietarios de ocho chalés que conformaban la urbanización Las Llamas II, en Argoños (Cantabria), con un total de 22 casas, tuvieron que salir de sus viviendas porque sobre ellas pesaba una orden firme de demolición del Tribunal Supremo por su impacto visual y paisajístico. Los tres primeros ya se habían ido antes. En total, sobre 11 casas pesaba una orden de derribo, pero dos años después ahí siguen. La razón es que tras salir los propietarios legales de los chalés, entraron en estas viviendas unifamiliares los okupas.

Es una situación "difícil de comprender", resume Antonio Vilena de la A.M.A, Asociación de Maltratados por la Administración. Por un lado, porque los propietarios, "sin tener ninguna culpa", se tuvieron que marchar "para que les derribaran la casa y ahora tienen que ver como otros entran ahí a vivir y tienen más derechos que ellos". Por otro lado, la presencia de los okupas "ha deteriorado terriblemente la convivencia" de los vecinos que residen en las otras 11 viviendas, que aún mantienen la esperanza de salvarse.

El nuevo Plan General de Argoños condenó a los once de los chalés de Camino del Portillo a desaparecer al quedar fuera de una posible legalización. Sus dueños entregaron las llaves al ver que el proceso de judicial tocaba a su fin y la sentencia de derribo era firme. A cambio, tres de ellos optaron por ser compensados con una vivienda de sustitución. Mientras que el resto prefirió una compensación económica, que les ofreció en su día el Fondo de Derribos del Gobierno de Cantabria.

Las viviendas de la urbanización Las Llamas II pasaron de sus propietarios originales, muchos de ellos vizcaínos que tenían en esta localidad cántabra su segunda residencia, a manos del Gobierno de Cantabria, en concreto de la empresa pública Gesvicán. Las viviendas debían ser derribas, tal y como quedó dispuesto en una sentencia judicial, sin embargo, mientras los okupas sigan dentro, este fallo no puede llevarse a término.

La paradoja es que, según explica A.M.A, los propietarios legales tuvieron que dejar sus casas en las que ahora residen okupas a los que ampara la justicia. El Supremo obligó a desalojar a los dueños legales de estas casas para tirarlas, y curiosamente la justicia es ahora la que impide el derribo porque hay personas ocupando ilegalmente estas viviendas. La situación ha generado malestar entre el resto de vecinos de la zona que se quejan de la creciente inseguridad en la zona. Además, insisten en que los okupas "no son siempre los mismos" y que salen unos y entran otros.

A principios del pasado mes de febrero, arrancaron las obras de construcción de las tres viviendas de sustitución que el Gobierno de Cantabria, a través del Fondo de Derribos, ha licitado para compensar a tres de los propietarios de la urbanización Las Llamas II, en Camino del Portillo, sobre la que pesa sentencia firme de demolición del Tribunal Supremo por su impacto visual y paisajístico, que han optado por la compensación o indemnización mediante la prestación de una vivienda de sustitución.

En el caso de esta promoción de tres nuevas viviendas "de unas calidades excepcionales y ubicadas en pleno centro del municipio", el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, destacó que "vienen a hacer justicia con unos vecinos que nunca tenían que haber llegado a esta situación" y se ha mostrado esperanzado en que en los próximos meses "se vayan dando pasos" para que "podamos legalizar, de una vez por todas, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños y poder así dar una "solución definitiva" a los problemas de más de 200 familias afectadas por sentencias de derribo.

Con una inversión de más de 540.000 euros, la nueva promoción de tres viviendas podría estar lista en el plazo de un año, según ha anunciado Media, y se desarrollarán en un único edificio de planta baja, ocupando una superficie de 1.041 metros cuadrados de los 3.750 metros cuadrados de los que dispone el terreno que el Ayuntamiento de Argoños ha cedido al Ejecutivo autonómico, junto al colegio Pedro Santiuste. 

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