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El Departamento de Educación vasco abre este lunes y hasta el 24 de febrero la prematriculación para el curso 2023-24 en Educación Infantil (a partir de 2 años), Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en 697 centros educativos de Euskadi, el 65% públicos (454).
Para el próximo curso, todos los centros sufragados con fondos públicos deberán reservar un número de plazas para el alumnado vulnerable, que será determinado por el Departamento de Educación. Esta reserva de plazas se establecerá una vez recibidas las solicitudes durante el plazo de inscripciones.
Para determinar el grado de vulnerabilidad, las familias que matriculen a sus hijos por primera vez en las aulas de 2 años, o cuando se produzca un cambio de centro, deberán rellenar un cuestionario sobre cuestiones socioculturales y económicas.
Así, se pregunta por la profesión y estudios de los padres, sobre quienes conforman la familia del menor (cuántas personas viven en casa) o si piensan utilizar el servicio de comedor o transporte.
Asimismo, se les pregunta cuántos libros hay en su casa aproximadamente, si tienen conexión a internet, si cuentan con enciclopedias, diccionarios o libros de consulta, si tienen libros de literatura clásica o contemporánea, si leen el periódico a diario o revistas especializadas o si disponen de televisión de pago.
Otras preguntas que incluye el cuestionario son cuántos ordenadores hay en el domicilio o el número de automóviles, cuartos de baño, dormitorios, e-books, tablet y smartphones.
Sobre la base de la información recabada, se determinará qué porcentaje de alumnado es considerado vulnerable. Así, se definirán el Índice de Vulnerabilidad referencial de cada área de influencia y el número de plazas que habrá que reservarse para el alumnado vulnerable en cada centro.
Educación definirá de oficio la reserva para cada centro, con el objetivo de que todos los centros de un área de influencia se acerquen al índice de vulnerabilidad correspondiente a su área. En ningún caso se plantea que el alumnado actualmente escolarizado en un centro tenga que moverse a otro.
La medida, según el Departamento de Educación, busca una distribución "equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad" entre todos los centros sufragados con fondos públicos, a fin de evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza.
El criterio fundamental aplicado en el proceso de admisión en lo concerniente al número de plazas ofertado en cada centro será evitar la infraoferta y la sobreoferta. De entrada, todos los centros podrán ofertar todas sus plazas disponibles o planificadas para concierto, en el caso de los centros concertados.
Cada familia podrá seleccionar para la escolarización de sus hijos todos los centros de su área de influencia, o de otras áreas, limítrofes o no, que reúnan las condiciones educativas que ellos consideren adecuadas a sus planteamientos personales, de manera ilimitada, priorizándolos en función de sus intereses. El proceso de admisión tratará de ofertar a cada alumno el centro priorizado por las familias.
Uno de los cambios más significativos introducidos en los criterios de baremo se encuentra en la puntuación asignada por proximidad del domicilio al centro. La puntuación máxima para el baremo se puede obtener en el caso de que el centro solicitado sea el centro (público o concertado) más cercano al domicilio del alumno, dentro del área de influencia: 7 puntos.
Cualquier otro centro en el área de influencia en la que se encuentre el domicilio -pero no el más cercano- obtendrá 5 puntos. Se trata de una medida que premia la proximidad incluso dentro de una misma área de influencia, con el objetivo de fomentar una escolarización de proximidad, han precisado.
El 14 de marzo se publicarán los listados de solicitantes, el 28 de marzo se publicarán de listas provisionales de adjudicación de plaza y se abrirá el plazo de reclamaciones hasta el 4 de abril. El 20 de abril se darán a conocer las listas definitivas, con plazo hasta el 22 de mayo para la presentación de recursos.