David Pena es el abogado que ha representado al celador vizcaíno que ha logrado que la justicia le otorgue la incapacidad permanente absoluta por el covid persistente que padece desde marzo de 2020. Una sentencia pionera y que su abogado califica de “un paso muy importante”, aunque admite que no le ha sorprendido porque “los informes médicos son demoledores”.

En marzo de 2020, en el arranque de la primera ola de la pandemia. Su cliente, que acudía a diario a su puesto de trabajo como celador de una clínica de Bizkaia, se contagió de covid y tuvo que coger una baja laboral. “Estuvo de bajo desde marzo de aquel año hasta noviembre de 2021”, recuerda Pena.

Tras año y medio de baja, la Seguridad Social le denegó la solicitud de incapacidad a pesar de que como apunta su abogado el cuadro clínico de este hombre no dejaba margen de duda. Arrancó entonces un proceso de acciones administrativas y judiciales que ha culminado ahora con la sentencia de un juzgado bilbaíno “que le da la razón”.

El juzgado de lo social número 2 de Bilbao le reconoce a este trabajador la incapacidad al entender que la enfermedad que ahora padece es un accidente laboral. Esta resolución marca un antes y un después para aquellas personas aquejadas de covid persistente porque, tal y como apunta este letrado, “se trata de una enfermedad muy reciente y sobre la que todavía están investigando”, por lo que aún hace más relevante el hecho de que el juez “recoja en la sentencia el covid persistente como diagnóstico y lo vincule a una incapacidad”.

David Pena, que forma parte de la Fundación Bidelagun creada por ELA para impulsar la salud laboral, enumera una larga lista de síntomas que el celador sufre como consecuencia de esta enfermedad. Desde fatiga y mareos a niebla visual o falta de concentración. Un cuadro de síntomas físicos, neurológicos y psiquiátricos que le imposibilitan ejercer su actividad laboral pero también las actividades más esenciales de la vida cotidiana. “Cualquier cambio de rutina le supone un trastorno enorme”, matiza.

El abogado del celador vizcaíno va más allá. “Vamos a solicitar recargo de prestaciones y responsabilidad civil por falta de medidas de seguridad”, advierte. En la primera ola de la pandemia “la desprotección era total” para el personal sociosanitario.