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Detrás de la negativa de los tres ex diputados de Vox en Murcia a apoyar la moción de censura planteada por PSOE y Ciudadanos contra el gobierno del popular de López Miras, surge de nuevo el controvertido pin parental. El compromiso del ejecutivo murciano de implantar de nuevo de forma inminente en las aulas de la región esta medida de control, ha permitido el fracaso de la moción de censura que pretendía acabar con 26 años de gobierno del PP.
La formación de utraderecha está decidida a dar un nuevo impulso al pin parental, y recientemente también ha exigido su establecimiento en Madrid y en Andalucía para seguir apoyando los gobiernos autonómicos.
El pin parental permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas en el currículo escolar que pueden atentar contra la conciencia y la intimidad de los menores. Para hacerlo efectivo, los progenitores deben remitir a los directores de los centros educativos una comunicación escrita solicitando ser informados previamente de cualquier actividad o charla programada sobre temas como la identidad de género, la sexualidad, la diversidad LGTBI o el feminismo, para de esta forma poder autorizar previamente la participación del alumno.
El argumento de Vox para defender la necesidad del pin parental se centra en el supuesto adoctrinamiento que se realiza desde las aulas sobre materias que afectan directamente a cuestiones morales.
Sin embargo, muchas de estas materias están incluidas en las diferentes leyes autonómicas de educación, que las contemplan como claves para la formación del alumnado.
También el gobierno central se ha opuesto frontalmente desde el principio a la implantación del pin parental, considerado por el Ministerios de Educación como una censura previa y una objeción de conciencia de los padres a contenidos curriculares cuya competencia recae sobre el profesorado.
Una postura respaldada por diversas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que señala que el derecho a la objeción de conciencia solo existe para casos expresamente contemplados en la Constitución y que no recogen las particularidades planteadas por Vox.
Precisamente, la Región de Murcia fue la primera en implantar el pin parental en sus aulas. El gobierno de coalición formado por PP y Ciudadanos aceptaron la imposición de Vox a cambio de que la formación diera su apoyo al nuevo ejecutivo.
A principios del curso 2019-2020, la Consejería de Educación envió una instrucción a los centros escolares para la implantación inmediata del pin parental. Una imposición que provocó el rechazo de parte de la comunidad educativa que anunció la toma de medidas legales porque lo consideraba una vulneración de la normativa autonómica y de la autonomía pedagógica de los centros y los docentes.
Solo unos meses después, en marzo de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia se pronunció al respecto suspendiendo de forma cautelar la instrucción que daba carta de naturaleza en los colegios e institutos murcianos al pin parental, señalando que podía tratarse de un “perjuicio identificable” la posibilidad de que algunos alumnos no puedan realizar una actividad obligatoria y evaluable “por no autorizarlo los padres”.
No obstante, a pesar del pronunciamiento de la justicia, Vox, y en esta ocasión, los diputados expulsados de la formación en Murcia, han aprovechado para reclamar de nuevo esta medida al ejecutivo regional para darle su apoyo. Una exigencia que López Miras ha aceptado comprometiéndose a instaurar de nuevo el pin parental en el sistema educativo murciano.