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La polémica sobre las caceroladas y manifestaciones de Vox contra el Gobierno seguirán. La policía intervendrá si se pone en riesto la salud de los ciudadanos. No será solo en Madrid, donde Almeida y Ayuso las aplauden siempre que no se salten el confinamiento mientras Rufián y Echenique consideran que es una protesta de pijos acostumbrados a jugar al golf.
La realidad es que Vox ha comunicado a la Delegación del Gobierno en Baleares su intención de llevar a cabo el sábado 23 de mayo en Palma, Ibiza, Mahón y Formentera caravanas de vehículos "por España y su libertad". El partido derechista ha informado en una nota de prensa de su propósito de recorrer las calles de las capitales de las islas para expresar el rechazo ciudadanos hacia "un Gobierno negligente que miente". El líder de Vox en el archipiélago, Jorge Campos, asegura que el ejecutivo central "ha convertido el estado de alarma en un estado de abuso" y atropella "derechos y libertades" de la ciudadanía".
"Cumplimos con todas las garantías de seguridad, tenemos derecho a manifestarnos y nadie nos lo puede prohibir. Saldremos por un libertad en entredicho por un Gobierno que utiliza el estado de alarma para aplicar su agenda comunista liberticida", subraya Campos. Vox ha planteado a la Delegación del Gobierno recorridos por el centro de las ciudades, que en el caso de Palma supone una vuelta completa al eje avenidas-fachada marítima-avenida Argentina-Paseo Mallorca.
Los principales sindicatos policiales defienden que los agentes intervengan en cualquier aglomeración de ciudadanos que incumpla el estado de alarma, ya sean concentraciones en la calle Núñez de Balboa de Madrid o botellones, "sin perseguir banderas" sino a quienes incumplen las medidas de distanciamiento.
Dirigentes de los principales sindicatos policiales se han referido así a las concentraciones que grupos de vecinos han llevado a cabo algunos días en la citada calle de Madrid y, aseguran, en otros puntos de la capital. La primera intervención de la Policía coincidió con el principio de una cacerolada contra el Gobierno que protagonizaron los vecinos desde los balcones, y en las redes sociales algunas personas criticaron que actuase supuestamente para disolver esa protesta, lo que ha sido desmentido por este cuerpo y por la Delegación del Gobierno en Madrid.
El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha adelantado este jueves que prepara un dispositivo policial para evitar las aglomeraciones en las calles "para tratar de que se cumpla la ley, no para reprimir ningún tipo de manifestación y cacerolada, sino para que se guarde la distancia de seguridad para evitar aglomeraciones".
Los principales sindicatos policiales están de acuerdo con la puesta en marcha de este dispositivo aunque aseguran que los agentes ya intervienen ante cualquier aglomeración que contravenga el Decreto del estado de alarma, como botellones o fiestas privadas. Desde el sindicato mayoritario, Jupol, su portavoz Pablo Pérez rechaza que los policías actuaran en Núñez de Balboa "bajo ninguna orden política o partidista, sino únicamente defendiendo la ley y al ciudadano", tras recibir un queja de un vecino.
"Es falso que los agentes actuaran porque la gente llevara la bandera de España, que por cierto llevamos orgullosos en nuestro uniforme", sostiene Pérez, que incide en que los policías "no quieren ser utilizados por nadie" y exige "un protocolo claro, con órdenes claras, ante posibles concentraciones en las calles".
En cuanto a las marchas en coche que Vox ha solicitado llevar a cabo en las capitales de provincia el 23 de mayo, Jupol considera que "se debe analizar bien la situación, y si puede causar más problemas prohibirlas que autorizarlas", ya que manifestarse en coche "puede no aumentar los contagios" de coronavirus, pero prohibirlas "sí puede generar una interacción con los policías o una situación complicada".
El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Madrid, Juan Luis Torrijos, también apoya que se planifique un operativo ante posibles concentraciones porque, por los vídeos subidos a redes sociales, "parece que empieza a haber una cierta organización".
"No intervenimos por lo que hagan los vecinos en los balcones, con la bandera o camiseta que sea, o caceroladas, sino por lo que ocurre en la calle si hay una congregación, como se hace en un botellón", añade Torrijos, que niega que haya "ninguna orden política", y se pregunta dónde está ese supuesto papel, ya que "si existiera ya se conocería".
Desde la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito asegura que "no hay persecución a la bandera", ni "instrucción política ni policial", sino que se propone para sanción a las personas que incumplen el estado de alarma y ponen en peligro su salud y la de otros ciudadanos".
Benito no considera necesario un protocolo concreto para intervenir en concentraciones, ya que los agentes ya actúan "escrupulosamente, e incluso son demasiado benévolos".
Desde la Confederación Española de Policía (CEP) han hecho público un comunicado en el que este sindicato asegura que los agentes cumplen la ley y pone a disposición de sus afiliados sus servicios jurídicos por si detectan "órdenes de intervención con motivaciones políticas o restricciones de libertades fundamentales que vayan más allá de lo permitido en estado de alarma".