El Tribunal Supremo reclamará la entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont después de que haya sido detenido este jueves en Cerdeña por las autoridades italianas en virtud de la orden de detención europea (ODE) emitida por el juez instructor del caso de l'procés', Pablo Llarena.

Fuentes del Tribunal Supremo recuerdan que la euroorden contra Puigdemont nunca se desactivó, y apuntan que la inmunidad del exdirigente catalán fue retirada por el Parlamento europeo y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mantuvo esa retirada hasta que se resolviera el recurso presentado por el propio Puigdemont.

En contraposición a esta postura se encuentra la del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, que afirma que su cliente ha sido detenido cuando acudía a un acto en calidad de eurodiputado. El letrado explicaba en un 'tuit' que la detención se produce "en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal --según establece el Estatuto del TJUE--, se encuentra suspendida".

Fuentes del alto tribunal recuerdan que todas las ODEs siguen vivas en todos los territorios de Europa y que además la cuestión prejudicial planteada por Llarena al TJUE no influye en este caso porque solo se refería a aclarar una cuestión concreta sobre la decisión que adoptó Bélgica, y que nada tiene que ver con lo que vaya a hacer Italia.

Con esa cuestión prejudicial, Llarena buscaba que el TJUE determinara las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OED). Reaccionaba a la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bruselas de no enviar al conseller Puig a España.

Llarena pretendía que el TJUE arrojara luz sobre la Decisión Marco 2002/584/JAI que regula las euroórdenes para que, en base a los criterios fijados por la corte comunitaria, "pueda adoptar una decisión concreta en torno a mantener, retirar o emitir nuevas ODEs respecto de todos o algunos de los copartícipes procesados en esta causa".

Pero las fuentes consultadas recuerdan que en la cuestión remitida al TJUE, Llarena dejaba claro que ni si quiera en el caso de Bélgica --país donde permanecía huido Puigdemont-- se suspendía la euroorden, sino que lo dejaba al libre albedrío de las autoridades belgas competentes.

Desde el Consell per la República Catalana --al que pertenece Puigdemont-- han asegurado que "estamos ante una detención ilegal", "de acuerdo con que la euroorden de octubre de 2019 que ha activado esta detención está suspendida", añaden.