La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha avalado este lunes la resolución presentada por el diputado letón Boriss Cilevics en la que se invita al Gobierno a reformar los delitos de sedición y de rebelión, se plantea el indulto de los presos del 'procés' e incluso se pide ir más allá y retirar la solicitud de extradición contra Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat.

En el día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado los indultos, finalmente la resolución de Cilevics, en base a su informe '¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?', ha sido avalada por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. El diputado letón ha insistido en todo momento en que las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron "desproporcionadas".

El texto aprobado, más allá de respaldar la decisión ya anunciada por Sánchez, de indultar a los presos del 'procés' y reformar los delitos de rebelión y sedición, defiende que "considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos".

Además, se plantea a las autoridades españolas que "se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos".

No obstante, por su parte, el PSOE había pedido expresamente suprimir este punto: "Esto no puede hacerlo el Gobierno porque es una competencia judicial" y, por tanto, "sería contrario a la independencia del poder judicial, a la separación de poderes", ha defendido el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones. "El Gobierno no puede incumplir una sentencia o una resolución judicial", ha recalcado.

En lo que se refiere a la reforma de los delitos de rebelión y sedición, la resolución aboga por que se haga de forma "que no puedan ser interpretados como para deshacer la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, que buscó el Legislativo cuando abolió este delito específico en 2005, o llevar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas", como Cilevics considera que ha sido el caso, similares a las que se imponen "por asesinato o violación", ha dicho en su intervención.

Los socialistas querían cambiar este punto decantándose por "reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal modo que no puedan llevar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas".

Respecto a los indultos, el diputado letón ha dicho en su defensa de la resolución que si en su momento se pudo indultar a los responsables del 23-F "por qué no ahora". En este sentido, el texto anima a las autoridades españolas a que consideren "indultar o de lo contrario liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las multitudinarias manifestaciones masivas relacionadas con este".

Por otra parte, la resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria plantea a las autoridades españolas que se contengan de "pedir a los políticos catalanes detenidos que renieguen de sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o una posibilidad de perdón" si bien se apunta a que sí se les puede pedir que busquen alcanzar sus objetivos políticos "sin recurrir a medios ilegales".

Además, se invita al Gobierno a que entable "un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Cataluña, incluidos quienes se oponen a la independencia, para fortalecer la calidad de la democracia española" mediante el "Estado de Derecho, la buena gobernanza y el total respeto de los Derechos Humanos, sin recurrir al derecho penal, sino en pleno respeto del orden constitucional de España".

Como cabe prever, a este respecto tampoco han salido adelante las enmiendas formuladas por el PP, que ha insistido en que los políticos independentistas no fueron condenados por ejercer su libertad de expresión sino por sedición y malversación de fondos públicos tras un juicio con todas las garantías. Así, la premisa sobre la que se sustenta el informe, ha dicho la diputada Valentina Martínez Ferro, es "falsa" puesto que "en España no hay ningún político condenado por ejercer su libertad de expresión".

"España es una democracia sólida, un país descentralizado con tribunales independientes y cuya realidad es totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que se muestra en este informe", ha denunciado el diputado popular Pablo Hispán.

Ambos miembros del partido liderado por Pablo Casado han aprovechado también para criticar los planes de indulto del Gobierno, recordando que el propio Supremo se ha pronunciado en contra y que los interesados no lo han solicitado e incluso ya han dejado claro que no se arrepienten y volverían a hacer lo que hicieron.

Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha rechazado también los términos del informe y ha preguntado "quién es un diputado letón para atacar la soberanía jurídica de España". El dirigente del partido de Santiago Abascal no ha podido intervenir en la Asamblea por la organización del debate, pero ha grabado un vídeo a sus puertas en el que incluso rasga los papeles del 'informe Cilevics'.

Denunciando que el documento es "un ataque" a la democracia española, Espinosa ha señalado: "No puede haber mayor aberración que utilizar el Consejo de Europa para atacar el Estado de Derecho. Y eso es precisamente lo que hace el informe Cilevics".

Por su parte, frente a las críticas, la representante de ERC, Laura Castel, ha aplaudido al autor del informe y ha dicho hablar en nombre de los políticos que están "en prisión y en el exilio", defendiendo que "votar nunca puede ser un delito", sobre todo cuando se hizo, según ha sostenido, "de forma pacífica". Por ello, ha solicitado que se pida al Gobierno español la amnistía. "El indulto solo es el primer paso", ha sostenido pese a que su petición en este sentido, en forma de enmienda al informe, ha sido rechazada.

Castel ha denunciado que en España la violación tiene una pena de entre uno y cinco años de prisión mientras que "poner unas urnas" fue castigado con 13 año de cárcel. Además, ha denunciado que se usan las instituciones para "perseguir" a los independentistas, a través de "espionaje político" por parte del Ministerio del Interior, "acoso económico" por el Tribunal de Cuentas, "acoso judicial y suspensión de la autonomía catalana".

Por otro lado, varios de los parlamentarios que han tomado la palabra lo han hecho para criticar el que se haya "metido en el mismo saco" a España y Turquía en el informe, dadas las diferencias notables entre los dos países.

En este sentido, en la parte inicial de la resolución, la Asamblea "reconoce que España es una democracia vibrante, con una cultura de debate público abierto y libre y donde la simple expresión de puntos de vista a favor de la independencia no es motivo de persecución criminal". "La Asamblea respeta plenamente el orden constitucional de España", añade.

Fue a este punto al que se aferró el Ministerio de Exteriores en su primera valoración al informe el pasado 3 de junio, resaltando que "avala la actuación de España y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la constitución y de la legalidad".

No obstante, defendió que el informe "parte de un planteamiento erróneo", al presumir que "los líderes políticos independentistas fueron procesados por expresar sus ideas en el ejercicio de su mandato". "Ese prejuicio contamina todo el texto, se refleja en la resolución y en las recomendaciones y merece un reproche general del Gobierno de España", se indicó.