El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite las 30 denuncias y 20 querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia de covid. El alto tribunal considera que no están debidamente justificadas la autoría de los hechos denunciados, por lo que acuerda remitirlas a los juzgados ordinarios para que investiguen posibles responsabilidades.
La Sala segunda rechaza en un auto la petición de la Fiscalía de inadmitir de plano su tramitación y deja en manos de los juzgados ordinarios la investigación por la omisión de medidas de seguridad para sanitarios o policías, la contratación de material fallido y las muertes de ancianos en las residencias.
Si estas pesquisas revelarán indicios de responsabilidad contra algún aforado, el juez competente deberá enviar el caso al Supremo. El Tribunal Supremo, asimismo, recuerda que en una situación de excepcionalidad como el estado de alarma, la toma de decisiones que al principio pueden considerarse atinadas pero después "se revelan ineficaces o contraproducentes", no convierte "al responsable político en responsable penal".
Los magistrados en su decisión advierten de que el cargo de una persona, "por muy alto que este sea", no puede derivar en "atribuciones objetivas de responsabilidad", ni la calificación jurídica de unos hechos puede depender "de la indignación colectiva" por la "tragedia" derivada de la pandemia, tampoco por el "legítimo desacuerdo" con decisiones del Gobierno.
La Sala del Supremo asegura no ser "ajena" a la gravedad de lo ocurrido en las residencias, pero no ve "datos objetivos" que permitan imputar los resultados lesivos producidos sobre "cada persona afectada". Por esa razón envía a los juzgados ordinarios las querellas que denunciaban estos hechos para que investiguen si esas muertes estuvieron asociadas a decisiones políticas o de otra índole, y si éstas "son susceptibles de reproche penal"; así como las órdenes que impidieron el traslado de ancianos a centros sanitarios.