El Tribunal Supremo se ha opuesto a conceder el indulto a los doce líderes independentistas catalanes condenados por sedición, malversación y desobediencia por el procés.
La Sala de lo Penal ha emitido su informe - que es preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo- en el que rechaza conceder la medida de gracia, una decisión que está ya en manos del Gobierno, que tiene previsto resolver esta cuestión en verano tras estudiar los dictámenes del Supremo y la Fiscalía, ambos negativos.
Los doce líderes catalanes están condenados por sedición, malversación y desobediencia en el procés. El Alto Tribunal no aprecia "razones de justicia, equidad y utilidad pública" que justifiquen los 12 indultos.
“Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado, podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía”, subrayan los magistrados de la sala presidida por el magistrado Manuel Marchena.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que es quien tiene ahora la pelota de los indultos en su tejado, ha vuelto a decir hoy en la sesión de control al Gobierno que está a favor de la medida de gracia. "Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia" ha dicho Sánchez, que está "a favor de la convivencia entre todos los españoles".
El Ejecutivo decidirá si indulta a los condenados por el procés "con independencia del número de escaños que le apoyen", ha dicho el presidente en el hemiciclo, donde el líder de la oposición, Pablo Casado, le ha acusado de "poner en riesgo la continuidad de la España constitucional a cambio de continuar en el poder".