La Audiencia Nacional confirmó esta semana multas de 30.000 euros impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a dos compañías de telemarketing subcontratadas por Orange por ofrecer el producto Jazztel a clientes que estaban inscritos en la lista de exclusión de llamadas: un fichero común conocido con el nombre de Lista Robinson.

Y es que la Ley Orgánica de Protección de Datos cuenta desde el 25 de mayo de 2018, con una lista de exclusión publicitaria. Los ciudadanos se pueden inscribir en ella de forma gratuita, pero no para las empresas que tienen que pagar para consultar si tienen que enviar o no correos o llamar a determinadas personas.

La inscripción es gratuita para los ciudadanos pero no para las empresas que, para consultar si pueden o no enviar correos, realizar llamadas teléfonicas y/o mandar SMS, tienen que pagar una cantidad de dinero. Los usuarios deben registrarse con su nombre propio. Cualquier ciudadano mayor de 14 años puede tener acceso al servicio.

También se pueden incluir los datos de menores de esta edad y personas fallecidas, siempre y cuando realice la acción el tutor o representante de ese sujeto. A partir de ahí, si no lo autoriza, hay que leer siempre la letra pequeña. Las empresas no pueden molestar a los clientes con envío o llamadas comerciales. Para ello se tiene que contactar con la operadora en cuestión para confirmarlo y en un plazo de tres meses se evitarán toda la publicidad no deseada.

Lo que ha ocurrido en los últimos casos es que pese a pertenecer a esta lista, la entidad no cejó a la hora de llamar al cliente. Este, en su derecho, denunció tal acoso a la Agencia Española de Protección de Datos. Al final los tribunales le han dado la razón.