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La directora del CNI, Paz Esteban, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados ante la comisión de secretos oficiales. Como su nombre indica esta comisión en secreta. Solo unos pocos diputados participan en ella y nada de lo que allí pasa se puede compartir. La seguridad es tal que agentes especializados han registrado buena parte del Congreso para localizar posibles sistemas de escucha. La comparecencia de Esteban se ha producido en mitad de la polémica del caso Pegasus.
La comisión se ha celebrado en la sala 'Mariana Pineda', lugar habitual de las reuniones de la Junta de Portavoces. Quienes han entrado en ella no podía más que tomar notas. No han podido llevar ni sus móviles, ni ningún dispositivo electrónico. Todos saben que quienes han estado allí dentro no pueden compartir el contenido de la reunión. Si lo hicieran estarían cometiendo un delito de revelación de secretos oficiales. Sus móviles han quedado custodiados en una caja metálica en el exterior de la sala.
Los miembros de la comisión han podido ver la documentación que haya aportado el CNI, pero no fotografiarla ni obtener copias de ningún tipo.
Los servicios técnicos del Congreso, del CNI y de la Policía Nacional durante los últimos días han registrado las instalaciones, o gran parte de ella, de arriba abajo. Han buscado sistemas de escucha y han instalado inhibidores de frecuencia.
La directora del CNI, Paz Esteban, en las más de tres horas que ha comparecido en la Comisión de Secretos Oficiales ha podido no responder a todo lo que le hayan preguntado, con la ley de Secretos Oficiales de 1968 y la reguladora del Centro Nacional de Inteligencia de 2002 bajo el brazo. Estas permiten a Esteban no compartir con el Congreso aquello que considere que podría poner en riesgo la “seguridad nacional”.
La Comisión de secretos oficiales estaba prevista hace tiempo pero las casualidades –o no- ha querido que se produjera en medio de la polémica de Pegasus. El Gobierno ha anunciado esta semana que los teléfonos oficiales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados con el programa Pegasus, el mismo con el que habrían sido intervenidos los miembros del Govern.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido este jueves que se espió a un número determinado de los independentistas que aparecieron en la lista publicada por 'The New Yorker', pero para el resto de personas que han sido víctimas de escuchas, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado dos posibles 'culpables': un país extranjero, o miembros de las denominadas 'cloacas' del Estado.
Así lo ha desvelado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras escuchar las explicaciones que ha ofrecido la directora del CNI, Paz Esteban, ante los portavoces parlamentarios que integran la Comisión de Gastos Reservados.
"Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales", ha dicho Rufián, incidiendo en que no incumplía la ley al desvelar parte de esa comparecencia porque el grueso de la misma ha versado sobre cosas ya "filtradas" a los medios de comunicación.
Según ha detallado, Esteban ha acudido a la comisión con documentación que contenía las autorizaciones judiciales para las escuchas que ha llevado a cabo el CNI, ha señalado que no podía hablar específicamente del programa 'Pegasus' y no ha ofrecido ninguna solución a esta situación.
La Comisión de Secretos oficiales está formada por la compareciente, Paz Esteban, presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, el secretario y 10 diputados.
Los diputados que han entrado a la reunión a puerta cerrada son Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Pablo Echenique (Unidos Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Grupo Plural), Edmundo Bal (Ciudadanos), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu) y Albert Botran (Mixto).
Nogueras y Botran, dos de los miembros de la comisión, figuran en el listado de 61 independentistas catalanes y vascos espiados con Pegasus según la investigación de Citizen Lab.
Paz Esteban es una funcionaria que lleva más de 40 años en el CNI. La responsable última de los servicios secretos españoles se ha enfrentado hoy a partidos que la acusan del espionaje a políticos con Pegasus y que piden su dimisión.