{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Es la hora del balance para Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno comparece ante los medios este 29 de diciembre con idea de presentar ante la opinión pública el resultado de su gestión en este año insólito. Coincidiendo con las primeras vacunas y ahora que ya se aprecia la esperada luz al final del túnel, la pretensión de Moncloa es exhibir de manera “metódica” lo que se ha cumplido del acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos que le permitió formar el primer ejecutivo de coalición de la democracia. De contar lo que no se ha conseguido ya se encargarán otros.
¡Bienvenidos a la normalidad! La nueva. El informe sugiere una especie de puesta a cero del cronómetro de la legislatura. La sensación más extendida es que empieza justo ahora. La vía de agua abierta por el virus ha sido de semejante calibre que ni el PSOE ni Unidas Podemos, al frente de la nave, han tenido otra opción que salir al paso de las urgencias. Ha habido discrepancias, muchas, pero el enemigo exterior – la pandemia y los embates de los opositores- han jugado a favor de la cohesión.
El peligro sigue ahí, pero toca gobernar como se gobierna en tiempos normales, cosa que Sánchez e Iglesias no han tenido casi ocasión de probar. El 7 de enero celebrarán su primer aniversario, una especie de principio de un nuevo tiempo, con la experiencia acumulada de estos meses difíciles y el desgaste y el reajuste de estrategias que haya podido suponer la cohabitación en semejantes circunstancias.
El nuevo escenario se estrena con una prioridad, la Reconstrucción. Es la tarea a más largo plazo, una empresa en la que Pedro Sánchez, y por extensión todo su Gabinete, se juega el cómo quiere ser recordado en el futuro. Los 27.000 millones de euros que llegan de Europa con la idea de empezar a dar el gran viraje que se pretende para el modelo productivo son, a la vez, una gran ayuda y una primera gran prueba. Es mucho dinero, la clave está en cómo se gasta.
El presidente no hace otra cosa que repetir que el futuro pasa por la transición ecológica la digitalización, el recorte de la brecha social... Rasgos de la España del futuro, frente a la megadependencia del turismo –“precario, estacional y con poco valor añadido”, que diría el ministro Alberto Garzón-, un sector que ha hecho a España especialmente vulnerable al desastre de la pandemia. El Gobierno ha empezado por diseñar un mecanismo administrativo para facilitar la tramitación de proyectos, en lo que ya trabajan varios ministerios.
Lo de modernizar el sistema productivo no es la primera vez que se plantea en España, suena a costumbre después de toda gran crisis. Tampoco es lo que genera mayor ruido. Con muchas más interferencias, incluso amenaza de bronca, al Gobierno le espera el cierre de varios debates económicos que le quedan por zanjar. Por la crítica exterior que pueda cosechar, y por ser asuntos en los que más se aprecian las dos almas que conviven en Moncloa.
Los roces por el llamado escudo social – la suspensión de desahucios o la prohibición del corte de suministros- son el anticipo de lo que espera con el debate a fondo del sistema de pensiones. La propuesta de Economía de que el cálculo se haga sobre 35 años en lugar de 25 (lo que supone un recorte de gasto de casi un 6%) tiene el rechazo frontal de Unidas Podemos y los sindicatos.
Además, todavía está sin concretar qué va a pasar con el Salario Mínimo Interprofesional, también con división de opiniones, aunque lo previsible es que se congele como piden los ministros socialistas de los números. Y falta también por despejarse la incógnita de hasta dónde llegarán los recortes a la reforma laboral de Rajoy. Bruselas mira con lupa los cambios que puedan hacerse en España y el mando en este terreno lo lleva la vicepresidenta Calviño, que no es de las favoritas de Iglesias.
De todo ello se hablará mientras las vacunaciones alcanzan velocidad de crucero y llega, o no, la tercera ola. Y se expanden por 2021 debates que en este nefasto 2020 han ocupado un segundo plano bajo la pandemia. El de la monarquía, por ejemplo, alimentado por los escándalos conocidos de un Juan Carlos I que no ha vuelto ni por Navidad. Las menciones de Felipe VI en Nochebuena a los “principios éticos” que obligan a todos “por encima de consideraciones familiares” no cierran nada. Han tenido, sin más, el efecto que se esperaba. Han satisfechos a los satisfechos y han defraudado a los críticos con la institución. Unidas Podemos sigue apuntando a un horizonte republicano, más ahora ante una monarquía acechada por importantes decisiones judiciales.
También en terreno estrictamente político, en este caso más relacionado con la relación con la oposición que con el clima interno del Gobierno, la agenda presenta dos cuestiones clave. Una es la reforma del CGPJ que sí... sigue pendiente. Y eso que el Gobierno presume de que el pacto con el PP está “ya hecho”. Pero es que el PP no cree lo mismo. Y dos no se entienden si uno no quiere. Todo apunta a que en febrero, después de las elecciones catalanas, puede ser el momento. Por ahora, el ejecutivo se va a limitar a impedir que el Consejo vigente pueda hacer más nombramientos.
El debate parlamentario sobre la Operación Kitchen –la maniobra con fondos reservados en tiempos de Rajoy para tapar la boca de Bárcenas- es otra fecha señalada en el calendario que se avecina. Las comparecencias pedidas por cada grupo dan idea del que puede ser uno de los debates estrella –en el peor sentido de la palabra- del próximo trimestre.
Y a todo esto se suma la cuestión catalana. Esta vez con parada especial en febrero, las elecciones, que se vaticinan como un momento clave para el reajuste del escenario político. Se la juegan todos. El independentismo en su conjunto. Los independentistas por separado en su pelea por la hegemonía. El PSC y los Comunes. El PP y Vox. Y Ciudadanos. Se celebran con la famosa Mesa de Diálogo en suspendida por culpa de la pandemia, la inhabilitación de Quim Torra y el propio calendario electoral. Y sin resolverse el futuro de los políticos condenados por el procés. El Gobierno trabaja en dos vías: una es la revisión del Código Penal para homologar ese delito al de otros países europeos, con penas más bajas. Otro, el indulto.
Tras el año de la pandemia llegará el año de todo esto. Con un primer semestre, por cierto, todavía en estado de alarma (en vigor hasta el nueve de mayo) pero sin el agobio de tener que pedir prórroga cada quince días. Y con la tranquilidad añadida, para Sánchez, de unos Presupuestos recién estrenados.