El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que la intención del Ejecutivo es no prorrogar el estado de alarma una vez que expire el próximo 9 de mayo, por lo que dejarían de tener efecto las restricciones de movilidad, como el toque de queda o los cierres perimetrales.

"Queremos que el 9 de mayo sea el punto final al estado de alarma. Es nuestro objetivo y para eso trabajamos", ha afirmado Sánchez en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa al término del Consejo de Ministros.

El fin de este mecanismo constitucional revocará las restricciones de circulación de las personas que entraron en vigor el pasado 25 de octubre y que las comunidades autónomas han aplicado en función de la evolución de los indicadores sanitarios en cada territorio.

Entre esas limitaciones, han estado el toque de queda para limitar la movilidad en horario nocturno y los cierres perimetrales de comunidades autónomas, provincias o municipios, así como confinamientos de determinadas áreas.

Sánchez ha explicado que una vez que decaiga el estado de alarma, las medidas que se tengan que adoptar para combatir cualquier rebrote de la enfermedad se tomarán en el seno del Consejo Interterritorial, en el que participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este miércoles que el fin del estado de alarma supondrá el levantamiento de las medidas "generales" que, como el toque de queda, requieren de este "paraguas" legal. Eso sí, ha defendido que, con el aval de los tribunales y amparándose en la legislación ordinaria, las comunidades autónomas podrán seguir tomando medidas para limitar la movilidad dentro de sus territorios, como ya se hizo a mediados de 2020, tras la desescalada.

"Las comunidades ya tuvieron medidas de contención del movimiento y de la limitación a la actividad pero no desde ese paraguas, que es general. Por tanto ya lo hemos experimentado, no es una iniciativa nueva", ha argumentado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre cuál es el escenario que se abrirá cuando decaiga el 9 de mayo el estado de alarma, como prevé el Gobierno, si la pandemia de coronavirus no repunta y la incidencia se mantiene en niveles bajos.

En este sentido, Montero ha asegurado que lo que acabarían entonces "son las medidas generales". "Pero lo que no acabará nunca es la competencia que tienen las comunidades para delimitar cuáles son las medidas de seguridad que en su territorio se pueden poner en marcha. Eso es algo importante", ha apostillado.

A este respecto, ha defendido que "tanto la legislación ordinaria" como el "refuerzo" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "lo permite, sin tener que recurrir al estado de alarma si no es imprescindible".

Preguntada en concreto por los cierres perimetrales a nivel autonómico, Montero ha asegurado que "podrían desaparecer dependiendo de la incidencia que exista en cada territorio", pero ha admitido que cada territorio puede "poner en marcha algún tipo de medida de restricción que entienda que es conveniente para que no se produzca un incremento en el número de contagios".

En todo caso, la portavoz del Gobierno ha asegurado que confían en que, gracias al aumento de la vacunación que se irá produciendo de aquí a finales del verano, no sea necesario volver a aplicar medidas que limiten los derechos fundamentales.

Tras el anuncio de Pedro Sánchez, algunos partidos han recordado que existen medidas administrativas que pueden tomarse frente a la propagación del virus y que permitirían cierres perimetrales.

Partidos políticos como el PP, Cs, Más País o JxCAT han abogado por medidas de consenso con las comunidades autónomas para hacer frente a la expansión de la COVID-19 frente a la fórmula actual del estado de alarma, y algunas formaciones como PP y Ciudadanos insisten en no seguir limitando derechos.

El PP ha urgido al Gobierno a acometer reformas legislativas para no seguir limitando "permanentemente" los derechos y las libertades de los ciudadanos, mientras que otras formaciones como Más País y JxCAT instan a que haya un acuerdo previo con las comunidades autónomas ante las restricciones.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha coincidido en dar protagonismo a un pacto autonómico que garantizara que "sin la necesidad de una renovación del estado de alarma se mantuvieran vigentes medidas que puedan ser necesarias mientras se acelera el proceso de vacunación".

"No obstante, nosotros apostamos por la responsabilidad y si los expertos lo siguen recomendando, estaremos en ello", ha incidido Errejón.

Asimismo, la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras, ha dicho que cualquier acuerdo que vincula a las comunidades autónomas, como sería la extensión de esta medida, "tiene que acordarse" con éstas.

Desde Unidas Podemos, el diputado Rafa Mayoral ha exigido que, "independientemente del estado de alarma", la protección social "se tiene que ampliar de forma ineludible", extendiendo el decreto de protección contra los desahucios "mientras termina de salir la ley de vivienda".

Vox ha sido el único partido que se ha opuesto frontalmente al estado de alarma, y su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros ha sido tajante al afirmar que es "ilegítimo".