Hoy comienza en el Congreso el primer trámite parlamentario para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Pero algunos apoyos empiezan a titubear. El debate se verá marcado por la polémica de la ley celaá. Ciudadanos pide que se retire la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular. Una amenaza que choca con las exigencias de Esquerra.

Si alguien pensó que el apoyo sería fácil estaba equivocado. “Que rectifique”, ha dicho Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, partido que negociará con el Gobierno hasta el final, hasta la votación definitiva.

Y por si fuera poco y por mucho que Sánchez asuma los planteamientos económicos de la formación naranja. Si el Ejecutivo no retira la enmienda de Educación por la que se elimina el castellano como lengua vehicular, Ciudadanos votará en contra. “Va tener que no ceder a la contrapartida que Esquerra ha pedido”, ha dicho Arrimadas, que añade otra línea roja: que el Ejecutivo se comprometa por escrito a que no habrá un referéndum de independencia en Cataluña.

El Ejecutivo responde que no deben poner condiciones ajenas a los Presupuestos. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, ha asegurado que se trata de responder a los españoles en sus problemas y nada más.

Es un capítulo más de Ciudadanos y Esquerra, el agua y el aceite, en el que uno de los barones socialistas, el presidente aragonés, Javier Lambán, se ha posicionado con claridad. “Esquerra me parece inquietante y Ciudadanos un socio muy tranquilizador”, ha sentenciado.

Por tales palabras, a juicio de Pablo Echenique, de Unidas Podemos, Lambán podría pertenecer al PP y no se notaría la diferencia. Con este clima el Ejecutivo superará en el Congreso hoy el primer gran trámite para sacar adelante los primeros presupuestos del Gobierno de coalición.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en 216.000 millones de euros el impacto de todas las medidas económicas aprobadas hasta ahora para afrontar las consecuencias de la crisis que ha provocado la COVID-19.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y rechazar las 7 enmiendas a la totalidad que se debaten este miércoles, Montero ha recalcado que el déficit del conjunto de las administraciones públicas llegará al 11,3 % del PIB este año.

Ha recordado el impacto de todas las ayudas en las cuentas públicas y el deterioro que ello supone, pero ha puntualizado que el 95 % de las medidas tienen carácter temporal y que se corregirá ese déficit de forma indispensable.

Montero ha explicado que la crisis en España ha sido más grave que en otros países europeos porque el país tuvo uno de los confinamientos más tempranos y severos de Europa.

La ministra ha indicado que sin el conjunto de todas las medidas puestas este año en vigor la caída del PIB podría haber llegado al 25 % y se hubieran destruido 3 millones de empleos.

Ha recordado que la Seguridad Social ha recuperado ya más de 500.000 trabajadores de los 950.000 perdidos.

Montero ha insistido en que la corrección de los desequilibrios fiscales tendrá que abordarse una vez que se haya superado la pandemia, con el objetivo de "aprovechar" el efecto de las medidas expansivas puestas en marcha y tras realizar una revisión integral del sistema impositivo y revisar las partidas de gasto.

"Esta crisis es dinámica, cualquier previsión se tiene que analizar desde esa prudencia, incluyendo escenarios de riesgo de empeoramiento o ralentización", ha puntualizado.