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Pedro Sánchez viene de afrontar una de sus peores semanas desde que llegó al Palacio de la Moncloa, pero inicia otra con un 'plan de guerra' para hacer frente a la tormenta perfecta de los últimos siete días.
Al paro de transportistas, de pescadores, del sector lácteo y de otras industrias por los precios de la energía o la falta de suministros se sumaron las protestas del mundo rural y hasta la revuelta entre sus propios socios de Gobierno y de investidura a cuenta del respaldo española a la posición de Marruecos cobre el conflicto del antiguo Sáhara español. "El Gobierno debe escuchar la calle", le han repetido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y sus socios de investidura.
Pedro Sánchez reaccionó con dos movimientos, uno en Madrid y otro en Bruselas: ofreciendo mil millones para atajar el paro de los transportistas en España y jugando fuerte en Europa para aliviar la presión de los precios de la electricidad.
El éxito del primer movimiento se verá esta semana en las carreteras españolas -la plataforma convocante del paro no cede pese a las ayudas anunciadas. En cuanto al segundo movimiento, Sánchez ha conseguido traerse un triunfo en el último minuto de Bruselas.
La Unión Europea permitirá la "excepción ibérica" con la que España y Portugal podrán adoptar medidas excepcionales para contener el precio disparado de la electricidad provocado por la subida del gas a cuenta de la guerra de Ucrania. Habrá qué ver cómo y cuando se concreta.
Con este trofeo, ganado in extremis frente al rechazo de Alemania, Sánchez presenta esta semana su 'Plan Nacional de Respuesta' al impacto económico de la guerra, un nuevo paquete que pretende hacer frente a la crisis energética, que amenaza con frenar la recuperación y extender el descontento social.
Este mismo lunes, el propio Sánchez avanzará algunos detalles a los directivos del Ibex 35 en un acto que presidirá en Madrid y el martes está previsto que lo apruebe el Consejo de Ministros. Un día después, el presidente del Gobierno buscará el apoyo de todo el arco parlamentario.
El paro del transporte desbordó las previsiones del Gobierno la semana pasada y le obligó a llegar a un acuerdo para frenar el desabastecimiento. Después de 11 días de huelga, el Ejecutivo pactó con los transportistas un desembolso de 1.000 millones de euros que se materializarán en 30 medidas, entre las que destacan un descuento de 20 céntimos por litro en combustible para el sector, ayudas directas para empresas de transporte y una mayor flexibilidad respecto a los créditos avalados por el ICO.
El Gobierno convenció a los representantes mayoritarios del transporte, pero no a la Plataforma convocante del parón, presidida por Manuel Hernández, con la que desdeñó reunirse hasta el mismo viernes al vincularla con la "ultraderecha" y carecer de representación oficial en el sector.
Por el momento, y a la espera de si las nuevas medidas sirven para que todos los camiones vuelvan a rodar, la plataforma mantiene la huelga y apela a una nueva reunión con la ministra Raquel Sánchez para que "desbloquee" el problema de los contratos por debajo de costes.
Con los camioneros colapsando la Castellana en Madrid, el presidente del Gobierno jugó fuerte en Bruselas -llegó a levantarse de la mesa del Consejo Europeo- para poder vender como un triunfo su gira europea para modificar y abaratar el mercado de la electricidad.
"Objetivo cumplido", pudo afirmar Sánchez el viernes a última hora de la tarde. No había conseguido que Europa se abriera a modificar el actual sistema marginalista de precios de la electricidad, pero sí que se permita una "excepción ibérica" al sistema común de electricidad europeo -España y Portugal comparten el mismo mercado eléctrico.
Sánchez basó su argumentación en que la península Ibérica es una isla energética que sólo comparte un 3% de intercambios eléctricos con el resto de Europa -con lo cual se entiende que la capacidad de distorsión del mercado común es menor.
El otro argumento del presidente español fue recordar la gran apuesta por la renovables hecha por España, donde el gas natural sólo representan entre un 15% y un 20% de la generación eléctrica y, sin embargo, ve encarecido el precio de toda la electricidad en cuanto el gas se encarece, algo que se ha agravado con la guerra de Ucrania. “Serán medidas excepcionales, acotadas en el tiempo e inmediatas”, explicó Sánchez, tras finalizar el Consejo Europeo.
A la espera de ver cómo se concreta esta medida, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, adelantó este sábado que no será inminente y habrá que esperar unas "tres o cuatro semanas". "La Comisión necesitará unos días, unas semanas, para comprobar que todo es correcto o recomendarnos introducir mejoras", aseguró en una entrevista en el canal 24 horas de RTVE.
Ribera habló esta semana de fijar un precio de referencia y compensar posteriormente a las centrales generadoras de gas. ¿De dónde saldrá ese dinero? Sánchez se comprometió el viernes a que no le costaría al Estado y el Ejecutivo quiere evitar dar patada para adelante y generar otro déficit de tarifa como el que abrió el Gobierno de Aznar a principios de siglo.
Una alternativa es que las centrales no gasistas compensen a las del gas rebajando lo que se ha venido en llamar "beneficios caídos del cielo". El procedimiento, en cualquier caso, será complejo y no exento de demandas jurídicas.
Respaldados por el "éxito" del acuerdo energético en Bruselas, el Gobierno planea otras medidas de apoyo a los sectores más afectados. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya ha avanzado que el nuevo paquete de medidas irá a la "raíz" del problema.
El real decreto ley, para el que se están analizando "cientos" de propuestas, incluirá medidas específicas para los sectores más afectados, así como otras que beneficien al conjunto de los ciudadanos.
Algunas se han ido avanzando en los últimos días tras las reuniones de algunos ministros con representantes de los sectores más afectados. Entre ellas, medidas específicas para limitar el impacto del encarecimiento del gasóleo en los costes de explotación del sector pesquero, y una atención especial a la ganadería y la agricultura.
Eso pasa, según la responsable económica del Gobierno, por conseguir limitar el alza de precios en los mercados internacionales, de ahí la importancia del Consejo Europeo y la posibilidad de desacoplar el mercado del "chantaje energético" que se está produciendo en el mercado del gas, explicó.
El ministro Félix Bolaños ya anunció una bajada en la gasolina, la luz y el gas, que concretará esta semana, pero antes, otros países como Francia, Italia y Alemania ya han tomado medidas temporales para atajar el problema energético.
El Gobierno alemán ha sido uno de los más ambiciosos, al acordar este jueves un paquete de medidas que incluye subvenciones para reducir el precio de la gasolina en 30 céntimos y el diésel en 15 céntimos para mantener el precio del litro en torno a los 2 euros, y 300 euros en concepto de 'tarifa plana energética' para todos los contribuyentes.
Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Olaf Scholz ante el encarecimiento de la energía, figura también la creación, para los próximos 90 días, de un billete mensual ilimitado para el transporte público de sólo 9 euros. Las familias obtendrán, además, un plus de 100 euros por cada niño. Otros 100 euros recibirán las personas que ya se beneficien de ayudas sociales.