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El uso del castellano en una escuela de Canet de Mar, en Barcelona, ha desatado la polémica. "No estamos muy contentos que por solo una familia tengan que cambiar el idioma, el 25 por ciento". La familia recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y desde hoy el colegio está obligado a impartir ese porcentaje de clases en castellano "desde el momento que la ley lo permite, los padres están en su derecho".
Pero el niño de cinco años y su familia han recibido amenazas. Desde el Gobierno la ministra de Defensa recrimina esos comportamientos "cualquier mensaje de odio, sea contra quien sea, y mucho más si es contra niños, deben ser rechazados". El asunto ha entrado de lleno en ámbito político. El líder del PP insta al Gobierno "que sea absolutamente firme a la hora de exigir el cumplimiento de las sentencias judiciales" Hoy el consejero catalán de Educación y la alcaldesa de la localidad, ambos de Esquerra, acuden al centro.
La portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija en, al menos, un 25% del horario lectivo en castellano se trata de, a su juicio, una "vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias", aunque ha criticado el acoso recibido por la familia de Canet.
La familia de Canet de Mar (Barcelona) que ganó en los tribunales un 25% de escolarización en castellano para su hijo en la clase de P5 de la escuela Turó del Drac ha hecho un llamamiento a la justicia para evitar la discriminación y el señalamiento por parte de otros padres del mismo centro. En un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el mismo que ordenó impartir parte de las clases en castellano, la familia reclama que se obligue al Departamento de Educación de la Generalitat catalana y a la dirección del colegio a "preservar la identidad y la intimidad" del menor y de sus padres, así como la seguridad de todos ellos, según el diario El Mundo.
En una resolución del pasado 11 de noviembre, la Secretaria General del Departamento de Educación ordenaba al centro cumplir la resolución judicial al impartir seis horas y media semanales en lengua castellana al grupo clase en el que está escolarizado el alumno, en su mayoría por la tarde.
La asociación Hablamos español ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña contra los autores de diversos mensajes de Twitter dirigidos a una familia que consiguió que un juez les reconociera el derecho a un 25 % de enseñanza en la escuela. El presunto hostigamiento empezó cuando alguien publicó de parte de la citada escuela, en Canet de Mar (Barcelona), que a partir de ahora se veían obligados a impartir un 50 % de clases en castellano.
"Os informamos de que nuestra escuela ha sido denunciada por una familia de P5A y a raíz de ello el TSJC ha dictado que las horas lectivas en esta clase deben ser el 50 % en castellano", decía el mensaje tras el que "se desató una campaña en redes sociales en contra la familia", han explicado desde la asociación en un comunicado.
Entre los mensajes publicados destaca, según, los denunciantes, "uno de la cuenta de Twitter de un varón, al parecer, exprofesor del Grado de Turismo de la UAB, redactado en los siguientes términos: "Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian".
En la denuncia ante la Fiscalía de Barcelona contra el autor de este mensaje y contra otros se solicita al Ministerio Fiscal que "proceda a investigar los hechos denunciados y que tras identificar a los autores de los tuits que incitan a la violencia y odio se proceda contra sus responsables".
Más allá, Hablamos español ha señalado que a su juicio la "despreciable campaña orquestada" contra esta familia "es un motivo más" para agilizar el cumplimiento de la sentencia que obliga a la Generalitat de Cataluña a garantizar la presencia de, al menos, un 25 % de horas lectivas en español.
La alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell (ERC), junto con otros miembros del equipo de gobierno acudieron al centro para dar apoyo a las familias ante la decisión del TSJC que acordaba que el 25% de las horas lectivas de una clase de P5 fuese en castellano. Además, el viernes grupos independentistas han convocado una manifestación a las puertas de la escuela a la que se espera que acudan representantes de las formaciones políticas soberanistas. La tensión, pues, no cesa.