Sánchez e Iglesias acuerdan un "Gobierno progresista de coalición"
Pablo Iglesias, será vicepresidente del Gobierno de coalición aunque ninguno lo ha hecho público aún
Hablan de diálogo sobre Cataluña "siempre dentro de la Constitución"
Iglesias ofrece "plena lealtad" a Sánchez
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han rubricado este martes en la cuarta planta del edificio de ampliación del Congreso el principio de acuerdo para compartir un gobierno de coalición. Pablo Iglesias, será vicepresidente del Gobierno de coalición en el nuevo gobierno de lograr la investidura, aunque ninguno lo ha desvelado aún públicamente.
La estructura de ese Ejecutivo se concretará una vez tenga lugar la sesión de investidura, si bien ambos líderes han concretado este martes en rueda de prensa que comenzarán a trabajar en estas semanas para cerrar acuerdos programáticos y organigrama del Gobierno, que se elaborará atendiendo a qué perfiles son los adecuados para cada cargo.
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Este acuerdo entre los socialistas y morados llega dos días después de la celebración de las elecciones generales y después de que tanto el PSOE como Unidas Podemos perdieran escaños con respecto a los que obtuvieron en los comicios de abril. El principio de acuerdo se ha alcanzado en menos de 48 horas desde las elecciones generales del pasado domingo y ha sido rubricado en un acto solemne ante los informadores gráficos.
Las dos formaciones afirman compartir "la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno" y asegura que el nuevo Ejecutivo "se regirá por los principios de cohesión, lealtad, y solidaridad gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones".
El preacuerdo incluye un decálogo con los ejes prioritarios de la actuación de ese Gobierno progresista de coalición y que, además de atender a la crisis en Cataluña, se centrará en "consolidar el crecimiento y la creación de empleo"; "combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad".
Trabajará también por la regeneración y la lucha contra la corrupción. Protegerá los servicios públicos, especialmente la educación incluyendo el impulso a las escuelas públicas de 0 a 3 años, la sanidad pública y a la atención a la dependencia; revalorizará las pensiones conforme al coste de la vida; asegurará la vivienda como derecho y no como mera mercancía; apostará por la ciencia como motor de innovación tecnológica; recuperará talento emigrado y controlará la extensión de las casas de apuestas.
Otro de los ejes de actuación será la lucha contra el cambio climático, buscando que la transición ecologica se haga de manera justa, protegiendo la biodiversidad y garantizando un trato digno a los animales.
El Gobierno progresista trabajará también para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos; impulsar la reindustrialización y el sector primario, así como el impulso digital.
También se comprometen con la aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y el reconocimiento de España como un país de memoria y dignidad.
Otro de los ejes de actuación será asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector; fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.
Las políticas feministas suponen otro ámbito de actuación prioritaria. El acuerdo habla de garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e instranferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una ley de igualdad laboral.
El preacuerdo se compromete también a "revertir la despoblación" y dar un "apoyo decidido a la llamada España vaciada" y a ejercer la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario porque "la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero".