El líder del PP, Pablo Casado, ha sostenido que la guerra abierta en el PP se puede zanjar hoy mismo con una condición: que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explique en concepto de qué su hermano cobró alrededor de 300.000 euros por un contrato otorgado por su Gobierno.
En una entrevista en la Cope, Casado ha exigido información a Ayuso sobre la concesión de un contrato de 1,5 millones de euros a la empresa de un conocido de su hermano porque "habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro".
Preguntado por si el expediente informativo que se ha hecho sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid puede acabar en la expulsión del partido, el líder del PP lo ha negado, asegurando que él quiere que todo se resuelva cuanto antes.
Pablo Casado ha confesado que se siente "muy sorprendido" y "decepcionado" ante lo que está ocurriendo con Isabel Díaz Ayuso, y ha recalcado que es "algo que no merece". Además, ha señalado que el dossier sobre el hermano de Ayuso por el supuesto cobro de comisiones en un contrato sanitario sobre mascarillas no vino de Moncloa.
Casado ha afirmado que el PP lo que ha limitado a pedir información en el ámbito interno y ha rechazado que haya sido con ánimo inquisitorial. A su entender, se está "alargando un montaje" cuando "lo fácil" es demostrar que todo es correcto en ese contrato.
"Todo esto tiene que acabar", ha proclamado, añadiendo que se puede hacer justificando que se ha hecho con la ley en vigor. Según ha dicho, es algo que "se tenía que haber aclarado en privado" evitando este "espectáculo lamentable".
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que su hermano cobró una comisión por el contrato adjudicado a una empresa de un amigo suyo pero ha dicho desconocer la cantidad y ha asegurado que, en todo caso, "no es ilegal".
En declaraciones a la Cope, Ayuso ha insistido en que el contrato adjudicado no es "ni ilegal ni poco ejemplar", y ha subrayado que "nunca se va a poder demostrar" que ella haya ayudado a su hermano "en nada".
"Lo ilegal es si yo intervengo para que se le dé un dinero a esa empresa, pero no lo he hecho", ha continuado explicando la presidenta, que ha recalcado que nadie de su Gobierno intervino en esa operación, "nadie ha contratado nada -ha dicho-".