El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio del Interior, la sustitución del actual dispositivo de señalización de peligro consistente en dos triángulos colocados delante y detrás del vehículo inmovilizado, por un dispositivo luminoso de color amarillo que se colocará en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado, que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

No solo eso. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley elaborado por el Ministerio del Interior que modifica el sistema del carné de conducir por puntos, y ha acordado su remisión a las Cortes para su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva. La ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esperan que estos cambios entren en vigor este mismo año.

El proyecto de ley, que modifica la Ley de Tráfico de 2015, tiene como objetivo el agravamiento de las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción, como el uso del teléfono móvil al volante o el mal uso de los elementos de seguridad y protección del vehículo.

El objetivo de este cambio, junto con otras medidas, es reducir en un 50% el número de personas fallecidas y heridas graves para el año 2030 y avanzar hacia una cifra próxima a cero víctimas en el año 2050. Montero ha destacado, entre los cambios introducidos por el proyecto, la distinción de dos tipos de infracciones graves con respecto al uso del teléfono móvil al volante. En caso de estar utilizando el móvil sin sostenerlo con la mano, se sancionará con 3 puntos menos en el carné, pero si se está sujetando el móvil con la mano, la sanción será de hasta 6 puntos menos.

El proyecto de reforma también eleva de 3 a 4 los puntos a detraer por no hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil (sillitas infantiles), casco y otros elementos de protección. Además, incorpora como causa de la pérdida de esos puntos el hecho de no hacer uso de los mismos de forma adecuada.

Asimismo, unifica en un plazo de dos años el tiempo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos, siempre que no se haya perdido todo el saldo.

También sustituye la infracción grave consistente en "utilizar" mecanismos de detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de "llevar en el vehículo" esos dispositivos. El nuevo tipo infractor mantiene la pérdida de 3 puntos que se asignaba a la anterior infracción.

Igualmente, se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites genéricos de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.

Con la reforma, la superación de cursos de conducción segura, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se tenga saldo positivo de puntos, se compensará con 2 puntos adicionales, hasta un máximo de 15 puntos y con una frecuencia máxima de un curso cada dos años. No obstante, la recuperación de esos puntos no será efectiva hasta que entre en vigor la regulación de las condiciones que deben cumplir tales cursos.

Y tipifica como infracción muy grave la utilización de dispositivos de intercomunicación no autorizados en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir, o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos, que será sancionada con multa de 500 euros y la imposibilidad de que el aspirante pueda volver a presentarse a las citadas pruebas en el plazo de 6 meses.

La reforma también añade a las funciones correspondientes al Ministerio del Interior, ejercidas a través del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, la función inspectora, hasta ahora regulada en normas con rango de real decreto; así como la función de auditoría de los centros y los operadores que realizan servicios y trámites relacionados con el mencionado organismo autónomo.

Y prevé el desarrollo de un sistema telemático para que las empresas de transporte puedan conocer si un conductor profesional de su plantilla se encuentra en situación legal de poder conducir vehículos de transporte, al disponer de un saldo positivo de puntos, al que podrán acceder dichas empresas en los términos que regule el Gobierno.

Así lo recoge el Real Decreto aprobado, que regula los servicios de auxilio en vías públicas con el objetivo de garantizar la seguridad del sector, ya que cada día unos 11.000 vehículos efectúan numerosas operaciones de ayuda y rescate que entrañan un alto grado de peligrosidad y porque desde 2017 han fallecido 18 operarios en carretera.

Según explica Interior, la colocación de los triángulos conlleva tener que salir del vehículo y, según recuerda el Ministerio del Interior, entre 2018 y 2020, un total de 42 personas han fallecido en vías interurbanas tras haber bajado del vehículo.

La luz v-16 es un dispositivo de señalización luminoso de emergencias ligero, de tamaño compacto y fácil de usar. Emplea tecnología de LED y, al ser magnético, su colocación es muy sencilla. El conductor no necesita bajarse del vehículo para su instalación, solo precisa sacar el brazo por la ventanilla y fijar la luz en la parte superior del vehículo.

Depende del modelo se activa con contacto directo con la chapa o precisa de un botón de encendido. Inmediatamente se enciende una luz destellante ámbar con señal de triple destello, visible en todas las direcciones y hasta un kilómetro de distancia. Además incorpora un segundo modo de funcionamiento que proyecta una luz blanca fija que le permite ser usada como linterna. Sólo hay que girar la tapa blanca, y se pasa a la posición automática, a la función de emergencia o a la de linterna.

A partir del mes de abril será obligatorio que los conductores lleven alguno de los dos sistemas de aviso: los triángulos de emergencia o la luz V16. Por lo tanto, podremos optar por la que mejor nos parezca.

Interior tiene entre sus objetivos prioritarios el diseño de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030 que irá alineada con la Agenda 2030, con las directrices de la Unión Europea y con los acuerdos de la Cumbre Mundial de la Seguridad Vial para reducir en un 50 % las muertes y los heridos graves en carretera. Todo ello, ha enfatizado el ministro, dentro de la apuesta del Gobierno por una movilidad "segura, limpia y conectada".

"La nueva señal garantiza la máxima visibilidad del vehículo y comunicará su activación, desactivación y geoposicionamiento al Punto de Acceso Nacional en materia de Tráfico y Movilidad, lo que aportará mayor seguridad", asegura.

Además, mediante el real decreto se crea la señal V-27, un "triángulo virtual" que se activará en el sistema de "a bordo" del vehículo para advertir la presencia de un peligro próximo. Su incorporación al vehículo será voluntaria y solo en aquellos vehículos conectados por medios telemáticos con el Punto de Acceso Nacional en materia de Tráfico y Movilidad.

Según informa el Ministerio del Interior, el real decreto recoge las medidas que deberán cumplir estos servicios de auxilio en vías públicas, en todo el territorio nacional, para el rescate de un vehículo que, por avería o accidente, no pueda seguir circulando.

Como norma general, la operación de auxilio en carretera (reparación o retirada) deberá realizarse de la forma más segura posible para todos los usuarios de la vía, nunca en el lado contiguo al flujo de tráfico, y los operarios deberán comunicar por medios telemáticos a la autoridad competente en materia de Tráfico el geoposicionamiento del vehículo detenido para su publicación en el Punto de Acceso Nacional en materia de Tráfico y Movilidad.

Cuando así actúen, los vehículos de auxilio tendrán preferencia de paso y podrán estacionar en la vía pública para realizar la correspondiente operación. Los operarios encargados de la operación tendrán que contar con los conocimientos necesarios para realizarla y deberán usar los equipos de protección individual previstos en la normativa sectorial de aplicación.

Según asegura Interior, este real decreto no se aplicará a los servicios de conservación y explotación de los titulares de las carreteras cuando deban realizar estas operaciones, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas o los servicios de emergencias que realicen estos servicios con sus propios vehículos. En la elaboración del real decreto han colaborado los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; de Industria, Comercio y Turismo; y de Defensa, y su aprobación implica modificaciones en el Reglamento General de Vehículos, así como en el Reglamento General de Circulación.